“(…)Jefe en la personería está pasando algo muy delicado. Le escribe un poco de morbosidades. A ese man se le subió el poder. (…)”.
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Más temprano que tarde se instaurará ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia por presunto acoso laboral y sexual contra un funcionario de la Personaría de Medellín que desde hace meses viene detrás de la falda de una de sus subalternas…
Para garantizar la presunción de inocencia, nos abstenemos de revelar los chats de las conversaciones, además de los nombres de las personas implicadas con el fin garantizar el debido proceso y la protección de la presunta víctima, quien ya se ha referido a los “inconvenientes” que se han presentado con dicho personaje al interior del Ministerio Público Local.
En una de las conversaciones por chat de Whatsapp, la presunta víctima se queja con otra persona de lo que se viene presentando desde hace varios meses.
“(…) Jefe en la personería está pasando algo muy delicado. Es sobre ese tema. El año pasado se presentó una fiesta y él encerró una contratista y como no le dio nada, al otro día la cambió de contrato y le bajó el salario. Y le escribe puras cosas que cuando se acuesta con ella, un poco de morbosidades. A ese man se le subió el poder. Hoy llegó a una reunión y como la vieja no lo saludó bien de una llamó para que la cambiaran de proceso, se la tiene montada a ella (…)”.
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MÁS ALLÁ DEL ACOSO
La discusión pública sobre el acoso laboral y sexual volvió al centro del debate por los testimonios recientes que han puesto en evidencia una práctica que durante años ha sido “trivializada” en salas de redacción periodísticas en las que jefes inmediatos presentan “afecto”, “confianza” y “cariño”, conductas, que, en realidad, desbordan el consentimiento y se apoyan en relaciones de poder.
En el caso de los periodistas Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, las denuncias describen, justamente, ese patrón, acercamientos, mensajes y gestos que algunas mujeres interpretaron como invasivos e impropios, favorecidos por la posición de autoridad de ambos presentadores frente a estudiantes, practicantes y trabajadoras en formación.
La salida de los dos presentadores de televisión reabrió una conversación incómoda pero necesaria sobre la cultura laboral que normaliza esos comportamientos hasta que una víctima decide romper el silencio.
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Lo más grave de estos episodios no sólo es la denuncia puntual, sino el mecanismo de justificación que suele rodearlos.
En muchos espacios de trabajo, sobre todo donde hay figuras con prestigio, visibilidad o capacidad de incidir en contratos, ascensos y recomendaciones, el abuso se disfraza de cercanía personal.
Así, lo que para la víctima puede ser presión, insinuación o traspaso de límites, para el agresor y su entorno termina siendo un simple rasgo de personalidad.
Ese esquema fue precisamente uno de los elementos que quedó en evidencia con los testimonios divulgados alrededor del caso de Caracol. El problema no sería un hecho aislado, sino una cadena de omisiones, silencios y tolerancias institucionales frente a alertas previas.
Ese mismo patrón ha sido advertido por autoridades de control en otros ámbitos laborales, incluidas entidades públicas.
La Procuraduría alertó que buena parte de los casos de acoso laboral aparecen como represalias frente a la negativa de pretensiones sexuales.
Las denunciantes pueden apoyar sus denuncias con la Ley 2365 de 2024 cuya reglamentación reforzó en Colombia la obligación de prevenir, atender y proteger a mujeres, víctimas de acoso sexual en el trabajo.
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Uno de los casos más cercanos denunciados se presentó en enero de este año cuando la Procuraduría abrió una indagación previa por presuntos hechos de acoso sexual contra el hoy candidato presidencial Carlos Caicedo en la Gobernación del Magdalena, un hecho que muestra que el problema no se limita al sector privado ni al mundo de los medios, sino que también alcanza estructuras estatales donde la dependencia económica y la subordinación administrativa pueden profundizar el miedo a denunciar.
Por eso, cuando se habla de empresas del Estado, gobiernos, movimientos y partidos políticos, el foco no debería quedarse únicamente en los nombres propios, sino en la lógica que permite que ciertos jefes conviertan su autoridad en una herramienta de presión sexual o laboral sobre subalternas que necesitan conservar su empleo.
Lo que revelan estos casos es una estructura de vulnerabilidad. Mujeres jóvenes, contratistas, practicantes y empleadas en cargos precarios enfrentadas a superiores que controlan horarios, evaluaciones, oportunidades y permanencia.
En ese contexto, la frontera entre la supuesta “amabilidad” y el abuso se vuelve una coartada funcional para perpetuar el silencio.
El reto institucional no es sólo reaccionar cuando el escándalo estalla, sino desmontar de raíz esa “naturalización” mediante protocolos eficaces, canales seguros de denuncia y sanciones reales.
Ahora, ¿Qué tiene que decir el personero Mefi Boset Rave Gómez sobre lo que se viene presentando al interior de su entidad? Atentos…
