La reciente exposición del alcalde Federico Gutiérrez revela una radiografía aterradora de la administración de Daniel Quintero, una maquinaria criminal que no sólo desangró las finanzas de la ciudad, sino que costó vidas inocentes en su afán por acumular lujos ilícitos.
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La historia reciente de Medellín ha quedado marcada por lo que parece ser uno de los episodios más oscuros de su administración pública.
A través de una presentación, el alcalde Federico Gutiérrez expuso con el entramado de corrupción que presuntamente se orquestó durante el mandato del exmandatario Daniel Quintero.
Las acusaciones apuntan a una red que operó sistemáticamente para desviar fondos de la ciudad.
Según el alcalde Gutiérrez Zuluaga, en el centro de este escándalo se encuentra bajo una organización delincuencial estructurada denominada por las autoridades como el grupo de delincuencia organizada, GDO “Los Hermanitos Q”, un grupo que se dedicó a saquear los recursos públicos mediante contratos irregulares.
Según las investigaciones, esta red logró infiltrar, manipular y saquear una amplia variedad de dependencias y entidades descentralizadas del distrito.
De acuerdo con el mandatario, la magnitud de esta extensa red es histórica para la ciudad y el país.
Sostuvo que autoridades y fuentes oficiales denunciaron un entramado criminal que involucra a más de 55 personas imputadas, superando de lejos otros grandes escándalos de corrupción en Colombia como el de los hermanos Moreno en Bogotá.
“Ni siquiera la famosa historia de Alí Babá y los 40 ladrones se compara con la cantidad de implicados en este saqueo sistemático” dijo el alcalde Fico.
El modus operandi de esta estructura, según el alcalde, era tan sofisticado como descarado debido que implementó un comité de contratación paralelo diseñado exclusivamente para repartir contratos entre “amiguitos”, desviando fondos vitales para el funcionamiento de la ciudad, lo que permitió direccionar recursos millonarios a contratistas sin la idoneidad ni experiencia requeridas en diversas entidades.
Aseguró que el daño a las arcas públicas es monumental y representa un enorme retroceso para el desarrollo social del distrito debido a que las estimaciones apuntan a una contratación irregular direccionada que supera el billón de pesos, dinero que debió destinarse a la salud, la alimentación infantil y el bienestar de la gente.
De acuerdo con el alcalde, las pruebas expuestas para sustentar estas graves acusaciones son demoledoras e irrefutables. A través de la interceptación de comunicaciones, audios y testimonios, se evidenció la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Los amiguitos”, en el que los propios implicados compartían y celebraban sus desfalcos.
En esas conversaciones, dijo, quedaba claro cómo operaban, cómo inflaban los costos de manera deliberada y cómo se burlaban de los controles institucionales.
Agregó que el cinismo de la red criminal se materializó en la ostentación de bienes adquiridos de forma ilícita. Los involucrados evidenciaban lujos excesivos como vehículos blindados valorados en cientos de millones, fincas con piscina y relojes Rolex, mientras la ciudad atravesaba los momentos de crisis de la pandemia.
Sin embargo, expresó Gutiérrez, el aspecto más doloroso y trágico de esta corrupción comprobada es su letal costo humano. La gravedad de las acusaciones incluye el fallecimiento de cuatro menores de edad por desnutrición aguda en 2023, una consecuencia directa del descuido y saqueo a programas sociales de alimentación infantil. Dijo que jugar con la alimentación de los niños más vulnerables representa el punto más indignante de esta estructura criminal.
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De acuerdo con las autoridades y la alcaldía de Medellín. estos fondos infantiles fueron desviados sin ningún tipo de escrúpulo. Programas como Buen Comienzo sufrieron el direccionamiento de contratos hacia corporaciones sin capacidad logística, las cuales inflaban los precios de los alimentos destinados a los niños, ocasionando un enorme detrimento patrimonial. Ese dinero robado habría garantizado la atención de miles de menores durante meses, evitando una desgracia incalculable.
Así mimo, Fico Gutiérrez expresó que, ante la magnitud del desfalco, el rastreo del dinero ha tenido que cruzar las fronteras nacionales.
Agregó que actualmente, el caso ha escalado a instancias internacionales con la intervención directa del FBI y agencias de Estados Unidos, a las que se les han entregado pruebas para rastrear capitales en el exterior.
Dijo que existen evidencias claras de que los dineros producto de la corrupción salieron hacia Panamá y posteriormente terminaron en Miami, Florida.
Enfatizó que afortunadamente, el peso de la ley ya ha comenzado a caer sobre los responsables de esta maquinaria delictiva. Las autoridades han avanzado con preacuerdos, principios de oportunidad, condenas y extinciones de dominio sobre propiedades, vehículos blindados y negocios comerciales que formaban parte de la red.
Muchos de los bienes incautados, valorados en miles de millones, aclaró, ya están siendo recuperados para reparar a las entidades afectadas.
Finalmente, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez manifestó que es imperativo entender que estas acciones judiciales no son producto de una persecución política, sino el resultado de una corrupción comprobada y sustentada en miles de pruebas documentales y testimoniales.
Expresó que los intentos de los implicados por posar de víctimas quedan sin sustento ante la contundencia de las condenas en marcha. La justicia y las instituciones avanzan para garantizar que quienes saquearon a Medellín respondan por el profundo e irreparable daño causado a su gente.
