El informe reservado de la Superintendencia de Industria y Comercio destapa un engranaje sistemático de direccionamiento contractual en Metroparques el y abuso de figuras públicas en Medellín, dejando al descubierto cómo se vulneró la libre competencia para favorecer intereses privados.
Un informe reservado de la Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, con fecha del miércoles 2 de septiembre pasado reveló la trama de corrupción vinculada al mantenimiento y operación del Parque de las Aguas, ubicado en el kilómetro 23 de la Autopista Norte, vereda Filoverde del municipio de Barbosa, de propiedad del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, durante el año 2021.
De acuerdo con el informe, los hechos, ya conocidos, se realizaron durante la administración del entonces alcalde Daniel Quintero y evidencian un uso distorsionado de la institucionalidad pública para eludir los mecanismos legales de selección competitiva.
Los hallazgos revelan que el esquema no constituyó una falla aislada ni un mero trámite administrativo defectuoso, sino una estrategia coordinada que menoscabó la transparencia en la gestión de los recursos públicos de Medellín.
El organismo regulador determinó que las entidades involucradas utilizaron deliberadamente contratos interadministrativos, específicamente los convenios 288 y 961 de 2021 suscritos entre el Área Metropolitana, AMVA, y Metroparques, con el objetivo explícito de evadir la libre competencia y direccionar los procesos de selección hacia proveedores específicos.
En este entramado de favorecimiento ilícito, las entidades privadas que resultaron beneficiadas de manera directa mediante la adjudicación de invitaciones privadas fueron Comercializadora JPINO SAS, 1SOLUCIONES SAS y CONSTRU AMERICANA SAS.
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A través de la simulación de licitaciones y la participación de empresas pantalla, se canalizaron y desviaron más de $15.000 millones de pesos en recursos públicos hacia contratistas que carecían por completo de la capacidad técnica requerida para la ejecución directa de las obras.
La investigación técnica de la entidad de control demostró que Metroparques actuó como un simple intermediario que cobró comisiones de administración para luego subcontratar la totalidad de las labores con terceros e incluso generar segundas intermediaciones que encarecieron injustificadamente los costos para el erario.
Esta maniobra deliberada permitió direccionar al menos ocho invitaciones privadas de manera irregular, manipulando la selección de cotizantes, los criterios de evaluación y la calificación de las ofertas al interior de Metroparques.
En este proceso artificioso, se ignoraron de forma sistemática ofertas más beneficiosas para el patrimonio público y se descartaron competidores con amplia experiencia en el mercado, suprimiendo las presiones competitivas para asegurar que las contrataciones recayeran sobre el grupo de empresas favorecidas de antemano.
Debido a la extrema gravedad de estos hallazgos administrativos y probatorios, la actuación oficial ha sido remitida a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República para iniciar las acciones penales, disciplinarias y fiscales correspondientes.
La puesta en conocimiento ante las autoridades competentes busca determinar las responsabilidades individuales y sancionar el uso de la figura contractual como coartada para el fraude y la apropiación indebida de fondos públicos.
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Dentro de estas actuaciones judiciales y disciplinarias se encuentran vinculados directamente exfuncionarios clave de las entidades públicas participantes como Álvaro Alonso Villada García, subdirector de gestión administrativa y financiera del AMVA para la época; María Eugenia Domínguez Castañeda, gerente general de Metroparques para la época; Viviana del Valle Velásquez, jefe de compras de Metroparques para la época y Carlos Augusto Jaramillo Villarreal, secretario general de Metroparques para la época.
La decisión oficial señala de manera tajante tanto a estos exfuncionarios como a los representantes legales de las empresas privadas estar involucrados en este esquema de favorecimiento ilícito.
En particular, el expediente compromete la responsabilidad de Juan Alexander Pino Jaramillo, representante de JPINO; Yamileth Galindez Chilito, representante de 1SOLUCIONES y Enidia del Carmen Salazar de Sánchez, representante de CONSTRU AMERICANA, quienes postularon propuestas sin idoneidad patrimonial ni técnica para consumar los direccionamientos contractuales.
El informe de la Superintendencia de Industria y Comercio sienta un precedente ético y jurídico indispensable para la administración pública en Colombia.
La instrumentalización de las empresas industriales y comerciales del Estado para eludir las licitaciones públicas destruye la confianza ciudadana y degrada la función administrativa.
Resulta imperativo que la justicia actúe con celeridad para que la forma jurídica no vuelva a convertirse en coartada del favoritismo ni los recursos destinados a los parques recreativos de la comunidad terminen convertidos en un botín privado.
