El penalista Majer Nayi Abushihab, apoderado del Área Metropolitana, respaldó ante el Juzgado 27 Penal de Medellín la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario contra Miguel Quintero y pidió la misma determinación para Sebastián Ortega, ambos involucrados en el proceso por presuntas irregularidades en contratos suscritos con los Bomberos de Itagüí.
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La audiencia contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, alias “Pinturita” y Sebastián Ortega entró este lunes en una etapa determinante.
El jurisconsulto Majer Nayi Abushihab sostuvo que los elementos recopilados justificarían que los dos imputados afronten privados de la libertad el proceso por el presunto entramado de corrupción entre el Área Metropolitana y los Bomberos Voluntarios de Itagüí.
La Fiscalía había solicitado previamente la medida intramural contra Quintero, mientras que el representante de la víctima sustentó especialmente la petición contra Ortega.
La extensa intervención del apoderado del Área Metropolitana ocupó toda la jornada y no permitió escuchar a las defensas.
Por esa razón, la audiencia continuará el lunes 28 de septiembre, a partir de las 2:00 de la tarde, cuando proseguirá el debate que deberá determinar si Miguel Quintero y Sebastián Ortega son enviados a un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.
Durante su exposición, Abushihab reveló los problemas que presuntamente surgieron entre Miguel Quintero, Sebastián Ortega y Álvaro Villada, exsubdirector administrativo y financiero del Área Metropolitana.
Según lo presentado en la diligencia, Quintero le habría recomendado a Ortega que dejara de contestarle las llamadas a Villada, situación que mostraría tensiones internas entre quienes, de acuerdo con la hipótesis judicial, habrían participado en el manejo irregular de la contratación.
El abogado afirmó que Sebastián Ortega “tenía capacidad de interferencia en las entidades de la Alcaldía” y particularmente en los asuntos relacionados con el Área Metropolitana.
Con base en la declaración de una testigo, aseguró que desde 2021 Ortega habría actuado como enlace con Miguel Quintero y que Álvaro Villada le reportaba información.
Esa relación habría provocado malestares y problemas entre los implicados, mientras varios testimonios describen a Quintero como una persona con influencia sobre las decisiones de la entidad.
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Sebastián Ortega fue imputado por el presunto delito de peculado por apropiación. Miguel Quintero comenzó a responder por ese mismo delito y por interés indebido en la celebración de contratos, conducta que también le fue atribuida a Álvaro Villada. Ninguno de los imputados se allanó a los cargos y, hasta ahora, no existe una condena en su contra.
El apoderado de la víctima argumentó que Ortega debería permanecer en prisión por los presuntos riesgos de obstrucción de la justicia, peligro para la comunidad y falta de comparecencia.
Abushihab sostuvo también que Ortega habría participado en la reunión en la que Misael Cadavid fue vinculado al presunto entramado, además que habría recibido dinero en efectivo procedente de los contratos y se habría apropiado de $400 millones, $133 millones para él y el dinero restante, supuestamente para Miguel Quintero.
