Por: José Gregorio Hernández
Expresidente de la
Corte Constitucional
Las reformas constitucionales, que no deben corresponder a nada distinto de los ajustes requeridos por las instituciones políticas de un Estado con el fin de preservarlas ante los imperiosos cambios que determina la evolución de los acontecimientos, no pueden ser artificialmente impuestas –porque sí, o por la sola voluntad del gobernante-, lo que implicaría el inaceptable prurito de “reformar por reformar”, sino que deben adoptarse a conciencia sobre su necesidad, su contenido y sus repercusiones. El reformador debe procurar el acierto, en especial cuando se trata de constituciones rígidas, toda vez que las colectividades no resisten por mucho tiempo la aplicación práctica de la teoría del ensayo y el error. Es decir: si reformas, reforma bien, para que no tengas que volver a reformar indefinidamente.
A su vez, ese previo análisis acerca de las reformas exige el debate público en torno a sus alcances, el que debe desarrollarse de cara al pueblo, aunque no sea el pueblo el que adopta la reforma, como ocurre entre nosotros cuando el Congreso ejerce, mediante acto legislativo, sus atribuciones al respecto. Pero si es el pueblo el llamado a pronunciarse sobre un texto de enmienda, como sucede cuando se lo convoca a referendo, eliminar o dificultar el debate público acerca del proyecto es algo incompatible con el concepto mismo de participación democrática que le es propio.
Por eso no entendemos lo que pasa en Venezuela a medida que se aproxima la fecha del referendo -2 de diciembre- , pues la discusión pública en relación con las modificaciones constitucionales propuestas por el Gobierno y aprobadas por la Asamblea Nacional ha salido hace rato del campo de la libre y espontánea controversia ideológica, jurídica y política, para entrar en el terreno de la violencia, desbordada en algunos casos, como pudo verse la última semana, particularmente en un escenario que ha debido ser siempre académico, y excluido de la presencia de las armas, como es la Universidad Central de ese país.
El Gobierno, sin duda, ha sido intolerante, y ha considerado que toda expresión que controvierta la reforma es subversiva; que toda discusión sobre ella es contra el Presidente; que todos deben pensar dentro de un rígido y estricto cartabón; que son enemigos los medios de comunicación que divulgan opiniones diversas….En fin, Chávez quiere una reforma sin libertad, y eso, de suyo, es una contradicción inadmisible en cualquier democracia.