domingo, julio 21, 2024

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TIRO AL BLANCO N° 158

Empleado que no admita haber tenido diferencias con el jefe, miente por susto. Cuando se labora en un medio de comunicación, por ejemplo, la relación, reportero-director tampoco se salva. Los periodistas, por no violar la conservadora “lealtad empresarial”, resuelven silenciarse y obedecer al pie de la letra sus exigencias, como cualquier obrerito de pica y pala, con el fin de evitar acosos laborales, ganar malas referencias o en casos extremos perder hasta el empleo, que por la sobreoferta profesional, hoy es un privilegio tener.
Completamente entendible que EL Colombiano, no haya cuestionado a su Jefa, por las denuncias en su contra durante el escándalo de Agro Ingreso Seguro, por el contrario, la defendió. Nunca se ha visto en la empresa privada, que los trabajadores le tiren piedra a su patrón. Con el sólo amague, ingresan rápidamente a engrosar las estadísticas del desempleo del país.
Sin embargo, en muchas ocasiones a la empresa privada se la va la mano. Filan a sus tropas como borregos y hormigas trabajadoras, para hacerlas cantar al unísono la misma canción, así no se la sepan.
La historia que os voy a contar, me la envió el periodista Juan Diego Restrepo. Debo aceptar que casi se me cae la retina cuando leí la historia, pero, los que mandan, mandan, así manden mal.
Por: Juan Diego Restrepo
Tres directivos de la sala de redacción (de EL Mundo) advirtieron que aquellos que no firmaron carta de respaldo al director Guillermo Gaviria Echeverri deberían renunciar a su trabajo. ¿Se están vulnerando derechos laborales y de libertad de opinión?
Hace unas semanas escribí un artículo en Semana.com titulado Restitución de tierras y censura de prensa (marzo 22), en el cual expresaba mi preocupación por lo que podría ocurrir en algunos medios de información regionales cuyos propietarios, socios y directivos tuvieran alguna relación con proyectos agroindustriales en regiones donde la propiedad de la tierra estuviera en discusión por efecto de posibles despojos forzados perpetrados por grupos armados ilegales, particularmente de las Auc.
Aseguré en esa ocasión que esa relación entre propiedad de la tierra y medios de información estaba generando un desequilibrio informativo “promovido desde las direcciones de los medios y replicado por algunos editores” y “tensiones entre los periodistas, quienes en algunos casos se cuestionan si ese proceder es ético y, sobre todo, democrático; si lo que vienen haciendo responde a intereses colectivos o a intereses individuales, que buscan desviar la atención sobre los verdaderos responsables del despojo de tierras. Las dudas gravitan en las salas de redacción”.
Pues bien, todo eso se ha venido haciendo realidad y se aceleró con la decisión de la Fiscalía 51 Especializada de Medellín de ordenar la detención del empresario Guillermo Gaviria Echeverri, director y uno de los propietarios del diario El Mundo, y de Juan Esteban Álvarez, gerente de la empresa Grupo 20, que agrupa los proyectos agroindustriales en el Urabá antioqueño de propiedad de la familia Gaviria Correa, y asesor personal del hijo del empresario y Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa.
Inicialmente, el mandatario local, al día siguiente de la notificación judicial, habló con directivos de varios medios de información locales a los cuales les “recomendó” no cubrir la noticia sobre la orden judicial contra su padre y su asesor personal, quienes vienen siendo investigados por sus presuntos nexos con el paramilitarismo, y se limitaran a publicar el comunicado que sacaría su padre horas más tarde. Su “recomendación” fue seguida al pie de la letra.

Yo pensé que la situación había sido coyuntural y se limitaría a ese hecho, de por sí limitante de la libertad de prensa, pero hace dos días llegó a mi casilla de correo un mensaje en el que me advertían lo que estaba sucediendo en el diario El Mundo a raíz de la decisión judicial. En una corta narración me dijo el remitente que días después de la orden de la Fiscalía, las directivas de esta casa editorial enviaron a sus empleados, personal periodístico, administrativo y de servicios, una carta de respaldo a su director, para que la firmaran y quedara demostrada su lealtad.

La idea de respaldo surgió de la Jefe de Gestión Humana del periódico, quien propuso “suscribir una carta de los trabajadores y empleados de esta compañía que el doctor Guillermo Gaviria ha dirigido y sostenido durante los últimos 23 años, para ofrecerle nuestra solidaridad en momentos en que sufre una infame persecución”.
Por razones que considero justas, pues nadie puede ser obligado a firmar un documento que vaya en contravía de sus principios y posturas éticas, algunos empleados se negaron a rubricar la carta de respaldo propuesta. Lo que no calcularon es que esa decisión tendría para su vida laboral y personal repercusiones que hoy me permito cuestionar.

En respuesta a la negativa de algunos de firmar la carta de respaldo, los empleados del diario recibieron un comunicado, fechado el 22 de abril de 2012 y dirigido “A Nuestro Equipo de Trabajo”, el cual viene firmado por Luz María Tobón, Jefe de Desarrollo Editorial y una de las más cercanas colaboradoras de la Dirección del diario; Jairo León García, Jefe de Redacción; y Javier Restrepo; Jefe de Redacción Adjunto. (ver carta en fotos)

En este documento se observa lo que no sólo es un atentado a los principios básicos de la libertad de opinión, que está consignado en nuestra Carta Política y ha sido defendida por la Corte Constitucional a través de varias decisiones, sino los del derecho al trabajo, que están siendo vulnerados sin mayores reparos por el diario antioqueño.

El comunicado advierte lo siguiente: “Algunos compañeros adujeron razones éticas o de ignorancia para dejar de suscribir nuestro mensaje de acompañamiento al doctor Gaviria. Es difícil pensar y actuar éticamente en lo personal y mucho más difícil ser tan grande que el propio rasero sirva para medir a otros. Por ahora debemos señalarlo, nos sorprende que haya quienes sientan que su moral es superior a la del Director, pero que permanezcan trabajando para alguien que juzgan está por fuera de la ley y de la ética, o que cuando menos, lo ponen en duda”.
Hecha esa consideración, los tres directivos de la sala de redacción del diario de la familia Gaviria sugieren lo que, a mi juicio, es lo más gravoso: “Como jefes de redacción y Jefe de Desarrollo Editorial queremos invitar a quienes se consideran baluartes morales a que se comporten como tales y en consecuencia renuncien a seguir trabajando en una institución cuyo Director han puesto bajo sospecha, y por ende a todos los que lo apoyamos”. Finalmente afirman: “Aquí quedaremos trabajando quienes sí creemos que el Director es un ciudadano ejemplar en el respeto por la ley, la honradez y la transparencia”. Personalmente no creo que cuando tres directivos de una sala de redacción “invitan” a sus subalternos a renunciar, deba leerse literalmente como una invitación.
Lo particular de este caso es que se dio una semana antes de que se anunciara que la propiedad accionaria del diario pasara a la Fundación Fundamundo, una institución sin ánimo de lucro, que tiene en su objeto principal “La promoción o ejercicio de todas las actividades relacionadas con la comunicación social que incentiven el ejercicio del periodismo libre e imparcial”.
Hasta el momento no me han confirmado si ya hay despidos o renuncias, pero no me cabe duda que en todo ello hay una presión laboral indebida, inaceptable por cierto, que debería ser investigada por el Ministerio del Trabajo, aunque valga decir no es muy prometedor ese camino, pues como se recordará hay nexos entre el titular de esa cartera, Rafael Pardo, y la familia Gaviria: de un lado, los une su filiación al Partido Liberal; y de otro, se debe recordar que en su carrera a la Presidencia de la República en las elecciones de mayo de 2010 tuvo como fórmula a la Vicepresidencia justamente a Aníbal Gaviria Correa.
Ante mis sospechas de que en el país un caso como no estos no se investigue de manera apropiada, es importante llamar la atención de la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para que verifiquen lo que viene sucediendo en el diario El Mundo y se protejan los derechos de aquellos que, con justa razón, se hayan negado, por principios y ética, a respaldar a una persona que está siendo procesada con todas las garantías que ofrecen las leyes colombianas.
El bochinche que generó la entrevista del exalcalde Alonso Salazar el pasado fin de semana, se sumará a otro de los desaciertos del exmandatario, que enredará más aún, su situación judicial.
Durante la rueda de prensa que ofreció el excandidato a la Alcaldía por el movimiento Firmes, Luis Pérez Gutiérrez, hubo de todo. Arengas, insultos para los reporteros de El Colombiano, totalmente bochornoso; pero no hubo sangre, afortunadamente.
Con la ratificación de la inhabilidad de “Lonso” por 12 años por parte de la Procuraduría General de la Nación, la tropa “perista” salió a instaurar la respectiva denuncia por constreñimiento electoral. Tutelas, acciones populares, de todo habrá, con tal de patalear hasta las últimas consecuencias. Pérez dijo que la Alcaldía de Aníbal, era ilegitima.
Durante la rueda de prensa, Luis Pérez, reveló la grabación de la conversación entre el Alcalde Alonso Salazar, el sargento Felipe Palau y otros subalternos, al parecer, diseñando la estrategia para vincular a los candidatos que apoyaban al candidato de Firmes, con personas que estaban presuntamente relacionadas con grupos delincuenciales de varios sectores de la ciudad. La grabación está en la fiscalía.
Con el audio, se desvirtúa la salida en falso del vicepresidente del Concejo de Medellín Yefferson Miranda, que por defender a su antiguo patrón, enreda más la situación del exmandatario.
El domingo pasado en plenaria, Miranda, aclaró que Alonso Salazar en su entrevista de EL Colombiano, se refería al concejal Roberto Cardona por Firmes, y no a Robert Bohórquez de Cambio Radical. Entrevista El Colombiano
Posterior ese gravísimo error, que hoy tiene incómodos a los concejales implicados, el exalcalde Salazar, reconoció que tuvo un lapsus en la entrevista publicada bajo el título «Alonso ratifica sus denuncias y pide actuar contra los acusados», pero en la grabación manifiesta lo contrario. Rectificación
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Ruben Benjumea
Soy periodista por vicio y bloguero por pasión y necesidad. Estamos fortaleciendo otra forma de hacer periodismo independiente, sin mucha censura, con miedo a las balas perdidas, pero sin cobardía.