El gerente de las Terminales de Transporte de Medellín, Carlos Alberto Molina fue denunciado ante la Procuraduría General de la Nación por presunto acoso laboral por parte de la Secretaria General de la misma entidad, Jenny Constanza Guerra Burbano.
La presunta denuncia contra Molina tiene mucho de largo como de ancho especialmente en temporada electoral en donde las entidades estatales se polarizan por los intereses personales que tienen cada uno de los contratistas, personal de carrera y de libre nombramiento y remoción que se deben a sus jefes que entran en campaña.
La Empresa Terminales de Transportes de Medellín inició hace varios días un proceso licitatorio con el fin de adelantar la automatización de los parqueaderos de las Terminales del Sur y del Norte de la ciudad por $2.400’000.000 (dos mil cuatrocientos millones de pesos).
Inicialmente Terminales de Transportes pretendía que la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, EDU, adelantara el proceso licitatorio al que desistió por el alza del dólar. En otras palabras, la entidad dirigida por Carlos Alberto Molina tomó la decisión de adelantar la licitación de manera directa.
En el proceso licitatorio participaron dos empresas españolas, INDRA y EL CORTE INGLÉS. Hasta acá todo normal, pero lo que sucedió después de la adjudicación es lo que tiene a dos grupos de muchachos políticos de la Administración de Aníbal Gaviria jalándose las de las mechas y lo único que falta es que se ofrezcan bala.
La licitación la ganó INDRA, entidad que tenía como doliente a la Secretaria General de Terminales de Transportes de Medellín, Jenny Constanza Guerra Burbano, quien lleva más o menos unos dos o tres meses en la entidad.
Guerra Burbano fue el reemplazo de la exsecretaria general Lina Vélez, capturada y recluida en una cárcel por estafar a varios socios del Club Campestre en $200.000’000.000 (doscientos mil millones de pesos) a través de inversiones chimbas en FACTOR GROUP de propiedad de la familia de David Wigoda, quien se desempeñó, además, como alto directivo del Grupo Empresarial Antioqueño.
Otros de los que estaban haciendo fuerza por INDRA son el Subgerente de Planeación y Desarrollo, Raúl Gilberto Salazar Saldarriaga; el Subgerente Financiero y Comercial, Luis Alberto Naranjo Bermúdez y la Asesora de Control Interno, Eneida Elena Vellojín Díaz.
Los cuatro funcionarios tienen como común denominador ser cuotas burocráticas de Juan Esteban Álvarez, la mano derecha del Alcalde Aníbal Gaviria, desde mucho antes de ser estudiantes de pregrado en la Universidad EAFIT.
Como era de esperarse INDRA ganó, sin embargo, no estuvieron de acuerdo con la manera en que se adjudicó la licitación el mismo gerente de Terminales, Carlos Alberto Molina; la Asesora de Gerencia, Olga María Hurtado Arango; el Subgerente Técnico y Operativo, Edier Velásquez López y el grupo de abogados de la entidad.
Huele a azufre. Al ganar INDRA, inmediatamente EL CORTE INGLÉS solicitó la copia de la licitación con el propósito de adelantar las observaciones pertinentes en un lapso prudente, tiempo estipulado para ese requerimiento. A EL CORTE INGLÉS le entregaron la documentación requerida una hora antes del cierre de las reclamaciones.
Enterado el gerente de Terminales, Carlos Alberto Molina de la situación, suspendió todo el proceso y solicitó a la Secretaría de Evaluación y Control de Medellín, revisar la licitación.
Esa decisión de Molina generó que el grupo integrado por los muchachos de Juan Esteban Álvarez se enfrentara con el grupo comandado por las órdenes del gerente de Terminales. Dicen los chismosos que entre los contradictores sólo faltó que se recordaran hasta los nombres de sus madrecitas…
Lo cierto es que el documento de Evaluación y Control de la Alcaldía de Medellín le da la razón al gerente de Terminales, quien adjudicó finalmente la licitación a EL CORTE INGLES por $2.400’000.000 (dos mil cuatrocientos millones de pesos). Ver documento
Solucionada la adjudicación de la licitación, Carlos Alberto Molina perdió la confianza de algunos de sus subalternos empezando por su Secretaria General a quien le solicitó la renuncia al cargo. Jenny Constanza Guerra Burbano empezó a mamar gallo, además, que coincidió con una incapacidad que luego fue prorrogada, tiempo que aprovechó para hacer la respectiva queja por acoso laboral ante el Ministerio Público. ¡Qué Biblia!…
