El pasado viernes me encontré con un gran amigo a tomarnos un tinto, como se ha hecho costumbre en ese día de la semana. Mi amigo, persona buena moral y éticamente, se veía descompuesto, algo incómodo y de ánimo inquieto.
Al sentarnos a degustar la bebida del fruto insigne de Colombia comenzó a describir el motivo de su indignación. Él, como la gran mayoría de nacionales no entendemos lo que sucedió en el Palacio de Justicia hace treinta años, y tampoco, como gran parte de los habitantes del país del Sagrado Corazón de Jesús, nos explicamos cómo un grupo delincuencial como los extraditables pudo haber patrocinado tal atropello a la institucionalidad. Renglón seguido mi gran amigo expuso su tesis: “esos narcos no sólo financiaron la toma sino también la retoma por parte del Ejército y la Policía”.
La toma del Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985 por parte de un comando del M19, grupo guerrillero de carácter socialista, y lo sucedido posteriormente para el restablecimiento del orden, no puede mirarse de manera aislada, hace parte de una serie de hechos con los cuales las familias dominantes del país han intentado mantener el statu quo.
Aunque confesado por algunos de los miembros del M19, el supuesto patrocinio del grupo de narcotraficante denominado “los extraditables” a la toma, es muy discutible, pues entre los movimientos hubo diferencias si se quiere irreconciliables, de hecho, unos y otros retuvieron integrantes del bando opuesto.
La verdad es que el M19 gozaba de gran aceptación en la población colombiana, sus acciones simbólicas (recuperación de la espada de Bolívar, robo de armas del cantón norte, toma de la embajada de República Dominicana, entre otras), habían tenido bastante repercusión nacional e internacional. En este sentido entrar a negociar con el grupo que retenía a lo más granado de los juristas del país, era ceder a un movimiento que día a día obtenía más reconocimiento en las bases populares y medias de la Nación.
Así mismo aplicar la táctica de la “tierra arrasada” al interior de un edificio, desprestigiaría a los causantes del hecho y empezaría a poner en contra a los que en un momento determinado fueron el sustento popular del movimiento, es esa la verdadera causa de la crueldad de la retoma del Palacio de Justicia. A las clases dominantes de Colombia no le duelen los muertos, ni los propios ni los ajenos, sólo les interesa mantener el establecimiento.
El incipiente asomo de Nación que hemos logrado construir en Colombia, ha tenido muchísimos atentados en la historia reciente, para mencionar sólo algunos recordar por ejemplo esa canallada que ni siquiera las dictaduras más radicales del mundo habrían logrado mantener, el frente nacional, o el exterminio a sangre y fuego de un partido político, la Unión Patriótica, la muerte indiscriminada de periodistas, uno de los más recodados Jaime Garzón, el genocidio de varios candidatos presidenciales, Pizarro Leongómez, el mismo Galán y Álvaro Gómez Hurtado y obviamente entre muchos otros, la masacre de los magistrados en la retoma al Palacio de Justica.
Como si fuera poco ninguno de los citados ha tenido un responsable directo y real, casualmente siempre ha existido un delincuente al cual endilgarle la responsabilidad de los hechos, para fortuna de ellos, todos muertos.
Quizás en algún momento conozcamos los verdaderos responsables y las reales causas de las atrocidades cometidas, por ahora esperemos qué grupo irá a ocupar el lugar de las FARC en la lista de excusas de lo que pase en Colombia.
