Por coincidencia resulté sentado en la mesa de un restaurante con el abogado que supuestamente fue el encargado de defender al exgobernador Sergio Fajardo ante la Procuraduría General de la Nación en el caso de la concesión minera que el Departamento le otorgó de manera irregular al esposo de la otrora Secretaria de Participación Ciudadana, Beatriz White Correa.
El inquieto abogado, bastante joven por cierto, sostuvo que ese pleito con el Ministerio Público fue una bobada por la manera en que se presentaron los hechos que no alcanzaron para inhabilitar al político, pero si por seis mesecitos a la exsecretaria de Minas de Antioquia y a unos cuantos subalternos más.
Entre la conversación con el jurisconsulto que no cree ni en las posturas políticas del nuevo gobierno perista se habló de todo un poco, al punto que soltó una perla que generó bastante inquietud entre los asistentes al encuentro.
El abogado de unos 30 años de edad, agregó que existe un proceso más de mayor gravedad que tendrá que enfrentar Fajardo en la Procuraduría. Dijo que todavía se encuentra en firme la investigación contra el exgobernador por su participación en política, cuando en plena campaña electoral de 2015, cabresteó al excandidato Federico Restrepo a varios eventos organizados por la Gobernación de Antioquia entre ellos la inauguración de la nueva sede de la Universidad de Antioquia en Urabá.
Agregó el joven jurista que si la Procuraduría ejerce su función como debe ser, deberá aplicar la ley como al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abadía, destituido e inhabilitado por diez años en el 2010, por haber adelantado una reunión, siendo mandatario seccional con los alcaldes de ese departamento para favorecer al entonces precandidato conservador a la Presidencia Andrés Felipe Arias, hoy asilado en Estados Unidos.
