Si algo le falta a la mayoría de los políticos colombianos es sensatez. En sus discursos, permanentemente muestran su adaptación a lo que los electores quieren escuchar, así, quien más daño le ha hecho a la clase trabajadora, sale en defensa de ella, o quien ha impulsado los tratados de libre comercio, es vocero del campesinado y clama por una política de seguridad alimentaria en el país.
Por eso, además de que sus declaraciones fueron completamente explosivas y antipopulares, lo dicho por el Alcalde de Santiago de Cali, el empresario Maurice Armitage, generó un sismo en la opinión pública.
Este caleño de 71 años recién cumplidos, destacado empresario del Valle del Cauca, secuestrado una vez en 2002 por el Frente 57 de las FARC, que lo retuvo dos meses, (el segundo secuestro del que fue víctima lo realizó la delincuencia común), se atrevió a decir en un evento público que “La guerrilla tiene que pedir perdón, pero nosotros también le tenemos que pedir perdón a la guerrilla por haberlos conducido a que estén 60 años dando bala porque tenemos una sociedad injusta, una sociedad que no ha creado las oportunidades, que no ha creado las condiciones para que tengamos un país más justo, menos inequitativo”.
Las declaraciones de Armitage despertaron todo tipo de comentarios de quienes están a favor, pero más de los que están en contra de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, como la Representante Cabal, que lo tildó de guerrillero.
Sin embargo, nada más sensato que lo dicho por el Alcalde caleño. Las FARC, no nacieron por generación espontánea, y mucho menos han logrado mantenerse como un ejército irregular por más de 50 años gracias a la bondad de los colombianos.
Los orígenes de la guerrilla más antigua del continente se remontan a la guerra entre liberales y conservadores en los años 50, los mismos partidos que con unos pequeños esguinces en sus estructuras e ideologías hoy manejan al país, los mismos que han construido con su hegemonía una sociedad injusta e inequitativa que no es más que un caldo de cultivo para el fortalecimiento no solo de este grupo sino de centenares que han desangrado a la Nación.
La desconfianza en el proceso es natural, pero de parte y parte. Tanto ha incumplido la guerrilla como el gobierno y la sociedad en general. En 1982, bajo la Presidencia de Belisario Betancourt, se adelantó un proceso de paz con el grupo insurgente, dando a luz a un movimiento político que inscribiría al grupo armado en la democracia de Colombia. La UP, como se denominó el grupo, desapareció bajo las balas del Estado y el paraestado que se empezaba a fortalecer con la complicidad de algunos ciudadanos de a pie que patrocinaron este exterminio y muchos otros, pero además la mayoría permanecimos expectantes, impávidos e insolidarios con las más de 3000 muertes (cifras oficiales, porque las extraoficiales hablan de más de 5000) que acabaron con el naciente movimiento político.
Sí, Armitage tiene razón, debemos pedirnos perdón unos a otros y perdonarnos y entender que este es el primer paso, pero lo es en el entendido que las condiciones sociales también cambien, porque de lo contrario lo único que haremos será abonar el terreno para el surgimiento de nuevos grupos que continúen desangrando nuestra Nación.
El proceso de negociación implicará la participación real de todos, que trascenderá de votar afirmativa o negativamente la ratificación de los acuerdos. Implicará hacernos parte del proceso, exigiendo de cada una de los firmantes el cumplimiento a cabalidad de lo acordado.
