Varios exfuncionarios de la Contraloría General de Medellín podrían verse implicados en una acción de repetición con el fin de que devuelvan los cerca de $79’000.000 (setenta y nueve millones de pesos) que se gastaron asistiendo a conferencias internacionales en las que nada tenían que hacer.
Los que tuvimos la oportunidad de conocer personalmente al excontralor general de Medellín, Juan Carlos Peláez durante el periodo 2012-2015 podemos admitir que aunque timorato, es un hombre serio, pero poco cumplidor de su deber.
De acuerdo con el estudio preliminar ya ratificado con fecha del 29 de abril de este año por parte de la Auditoría General de la República, Juan Carlos Peláez Serna y otros excontralores auxiliares de la ciudad, dejaron pelos en el alambrado puesto que los viajes internacionales sin justificación, parecen ser más de placer y pasión que otra cosa, sin contar el excesivo manejo y utilización de tarjetas de crédito empresariales.
Dicen que “vaca ladrona no olvida portillo”. Con respecto a los viajes internacionales injustificados la Auditoría revela que entre los viajeros de primer nivel se encuentran el excontralor Juan Carlos Peláez y la excontralora auxiliar de Participación Ciudadana, Carla Cristina Mejía Zapata; además de la exsubcontralora Hilda Zapata Rueda, la exsecretaria general, Carmen Cecilia Escobar David y el excontralor auxiliar auditoría fiscal municipio tres, Víctor Hugo Piedrahita Robledo.
Igualmente viajaron al exterior la excontralora auxiliar de apoyo técnico, Marleny María Monsalve Vásquez, hoy Subcontadora General de la República; el excontralor auxiliar de recursos físicos y financieros Faber Enrique Alzate Martínez y el profesional universitario Elkin de Jesús Gómez, amigo y paisano del municipio de Cocorná de Peláez Serna.
La Auditoría General de la República fue clara en expresar que: “(…) La Contraloría canceló para asistir a estas conferencias, gastos de transporte representados en tiquetes por valor de $19.098.709 (diecinueve millones noventa y ocho mil setecientos nueve pesos).
Por lo tanto, como lo especifica la tabla 2-54, las comisiones otorgadas a San Juan de Puerto Rico para asistir al “IX congreso latinoamericano de ciudades y gobiernos locales” celebrado entre el 20 y el 22 de agosto de 2015, la asistencia a la conferencia Interamericana de alcaldes y autoridades locales, versión XX y XXI, celebrada en Miami Estados Unidos entre el 08 y el 14 de junio de 2014 y entre el 14 y el 20 de junio de 2015 respectivamente, como también la asistencia al “Congreso democrático local y gobiernos municipales” realizado en la ciudad de Miami entre el 17 y el 23 de junio de 2013, no reflejan un cumplimiento de las funciones propias de la Contraloría, más aún cuando el objetivo de éstos congresos estaban relacionados con asuntos eminentemente administrativos propios de las autoridades locales y no referían al fortalecimiento del control a los recursos públicos por parte de los organismos independientes y autónomos como son las contralorías territoriales.
En consecuencia, se evidencia que quienes participaron de la autorización y pago de estas comisiones al exterior, no actuaron con diligencia y cuidado en el manejo de los recursos de la Contraloría, lo que resulta contrario a los principios de economía y eficacia de la gestión fiscal, porque los resultados obtenidos no guardan relación con los objetivos y metas establecidos en la Constitución y la ley para el Ente de Control Municipal, generando un posible daño patrimonial al Estado de $78.941.037 (setenta y ocho millones novecientos cuarenta y un mil treinta y siete pesos).
Lo anterior, en concordancia con lo señalado en el artículo 8 de la Ley 42 de 1993y artículo 6 de la Ley 610 de 2000. Lo que genera para la Contraloría una gestión antieconómica por el uso indebido de los recursos públicos al realizar pagos de gastos innecesarios (…)”. Ver documento – Sigue…
