Un funcionario de la Contraloría General de Medellín me abordó para analizar los apartes del informe de la Auditoría General de la República que reveló algunos gastos onerosos, y además, prohibidos por la ley para servidores públicos.
El fulano, resaltó que esa clase de artículos periodísticos, atentan contra la imagen y reputación de una entidad como la Contraloría de Medellín, una de las mejores del país por la clase de trabajo que adelanta en lo referente al control fiscal de los recursos públicos que “son sagrados”, como dijo un gobernante timador.
Es verdad esa afirmación, pero infortunadamente el eje transversal de la política hace que las entidades del Estado, convertidas en madrigueras de burócratas durante cuatro años, estén permeadas por los vicios de los malos administradores.
El informe de la Auditoría General de la República es contundente en revelar que en algunos puntos, no todos, la administración del excontralor Juan Carlos Peláez Serna, primo hermano del Director de Planeación de Antioquia, tuvo resbalones.
Ni la nueva Contralora Patricia Bonilla, ni los nuevos funcionarios de la entidad tienen responsabilidad en esos malos manejos, pero no están exentos de superar, remediar y evitar que esa clase de hechos se vuelvan a cometer. El remanente de errores que dejan los anteriores jefes, contradictoriamente hay que asumirlos.
