La presentación al Congreso de la República del acto legislativo que pretende reformar el artículo 219 de la Constitución Política Colombiana que prohíbe expresamente a los miembros de la fuerza pública “deliberar, reunirse sin orden de autoridad legítima, dirigir peticiones colectivas, votar, intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos políticos”, debería cuestionarnos sobre la verdadera razón que se esconde tras la propuesta.
En Colombia, los miembros de la fuerza pública no tienen autorizado el ejercicio del voto, esto debido a varias razones entre la que se cuentan el conflicto interno contra organizaciones de carácter comunista y la separación del poder civil y el militar y la sumisión de éste al primero.
Gracias al adelantado proceso de negociación entre el Estado colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que pretende el fin del conflicto interno, las dinámicas referidas a la política, la economía y la cotidianeidad deberán también asumir un cambio.
En este contexto se presentó el acto legislativo con el cual se autorizaría el derecho al voto a los integrantes de la fuerza pública, dejando a merced de la corrupta politiquería colombiana el poder que en teoría vela por los derechos civiles de los ciudadanos y amenazando de manera grave la sumisión de la fuerza pública al poder civil, que permite el funcionamiento de ella independientemente del partido político que impere.
Los colombianos ya hemos sido víctimas del peligro que significa la politización de las diferentes ramas del poder público, por ejemplo de la justicia, que hoy elige fiscales y magistrados por su filiación política o las influencias y capacidad de lobby de los candidatos, o del ministerio público, que funciona dependiendo del color que gobierne.
Reformar el “articulito” de la Constitución no sólo sería generarle a los Ñoños, los Roy y demás un nicho adicional con cerca de 450.000 nuevos votantes, que en un universo real de electores (no del censo electoral) representaría algo así como el 5%, sino dejar gran parte de la protección del Estado, que trasciende de la defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional, al mantenimiento del orden interno, la vigencia de las instituciones y el cumplimiento de la ley, a los que se han encargado de alimentar la corrupción en el país.
No es clara pues la pretensión real de la propuesta, pues por donde se mire, a diferencia del aumento de votos, que podría favorecer a unos u otros a cambios de traslados o beneficios particulares, trae más perjuicios que bondades para el país, más aún en el actual escenario del proceso de negociación, que ha terminado de polarizarnos y en el que la fuerza pública, así nos quieran pintar un decorado diferente, no cree.
