La gestión de la Contraloría Departamental de Antioquia, con la que pretende combatir el tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, es mayúscula y loable.
Los animales y plantas que son extraídos de su hábitat natural están condenados a muerte y los compradores potenciales o no lo saben o no les importa.
En el caso de los animales, en primer lugar el proceso de captura implica en el 90% de los casos el sacrificio de sus madres o de sus crías, posteriormente el transporte que se hace de manera clandestina es en condiciones deplorables, en segundo lugar los pocos que llegan con vida a los compradores finales, son sometidos a una domesticación completamente antinatural: en alimentación, sitio de estadía, etcétera.
En tercer lugar y con el propósito de evitar la comercialización de este tipo de animales, los centros veterinarios tienen prohibida la atención de la fauna silvestre so pena de perder la licencia de funcionamiento, lo que implica que en un eventual servicio de atención médica para ellos el ramillete de opciones es muy reducido.
Pero además la tenencia de estas especies genera un alto riesgo para los humanos, pues pueden ser portadores de enfermedades zoonóticas (que se transmiten de animales a humanos), cuyo tratamiento es complejo y altamente costoso.
No existe ningún fin que justifique la compra de estas especies, pues por su condición natural el afecto y la compañía que ofrecen no iguala en ningún momento al que brindan los perros y gatos, habituales animales de compañía, y el querer pasar como original, no es más que una muestra de canallada.
