Por: Hugo Urrego, historiador
En Cajamarca votaron por el No a la minería en el yacimiento de La Colosa, pero el Ministro de Minas y Energía sale al paso de la consulta popular, argumentando que ésta no tiene la capacidad de cambiar la ley, luego ¿este señor representa a quién?
El argumento de los habitantes de este pueblo del Tolima para votar por el No es muy simple quizás, pero es contundente: valoran más el agua que el oro. Es posible que esto vaya en contra del ideal de progreso y de bien común que tanto defienden nuestros gobiernos, pero ¿progreso a costa de qué? ¿progreso para quién? ¿qué tan común es el bien que de allí se va a extraer?
Al otro día de esta acción tan significativa para el país se celebró el día del teatro, con eventos en lugares donde los medios, extrañamente, no estuvieron muy presentes (sobre todo en poblaciones y en algunas ciudades intermedias) y con una protesta pacífica, concentrada en Bogotá, Medellín y Cali, que contó con un cubrimiento aún más nulo de medios.
El motivo de la protesta era la reducción en el presupuesto de los estímulos anuales otorgado por el Ministerio al área, la puesta en vigor del Decreto 092 de 2017, en el que el Estado, siendo la entidad más corrupta y al mismo tiempo la más desconfiada, obliga a toda sala o grupo que quiera celebrar contratos con él a tener el 30% del presupuesto contratado, y por último la falta de visión que el Ministerio tiene con respecto a las manifestaciones artísticas en tanto que constructoras de paz, sobre todo ahora que se instala en el país un gran escenario social, dado el post-conflicto.
No contentos con hacer ver, y de manera convincente, que la cultura es un renglón de gasto ridículamente mínimo, en comparación con otros rubros (en un artículo de la revista Semana leí que el presupuesto anual del Ministerio de Cultura en Colombia equivale a un día de gasto del presupuesto anual de defensa, todo un despropósito en ésta época que todos hablan de paz), la administradora de éstos, obviamente, justifica la reducción de la cartera y la imposición de más condiciones para contratar directamente con el Estado con una redistribución del gasto y la inversión del gasto destinado en las regiones y en las poblaciones, o sea donde la lupa ciudadana deja de ser tan activa como en los grandes asentamientos poblacionales, y donde la práctica económica habitual es de corte eminentemente extractivista.
Aquí parece haber un conflicto de intereses entre dos mecanismos de presión colectiva y popular, según se los mire desde lo económico. Mientras el No a La Colosa en Cajamarca es un anuncio para el Gobierno y para el Estado de lo poco conveniente y poco convincente que es el modelo minero en las áreas de explotación (recordar La Guajira, o Buriticá), y deja por sentado un compromiso en términos de impacto ambiental para el futuro, del cual no podrán las próximas administraciones deshacerse tan fácilmente; con la yunta que pone al cuello de agrupaciones artísticas y teatrales, sigue hundiendo el importante renglón de la cultura en el cieno negro de fórmulas contractuales que quitan tiempo y desgastan anímicamente, a nombre de un modelo económico redistributivo de la cultura en las regiones. No da ni risa, eso se va a volver plata de bolsillo.
En un relato paralelo, de ciencia ficción, donde los tiempos se confunden, en un viejo barrio de Bogotá, un minero buscando oro encontrará, en vez de eso, un complejo sistema de grandes escenarios escalonados, y la Ministra de Cultura saldrá a declarar que eso es patrimonio arqueológico de la Nación, que nos pondría a la altura de la antigua Grecia o del Imperio Romano.
Cuando eso pase no se acordará que fue ella quien mandó enterrar en deudas y obligaciones esos lugares, ahora les dará un valor mayor, casi que el mismo dado al oro. Tocará empezar a excavar de una vez, pues parece que lo único valioso en éste país está bajo la tierra, excluyendo a las personas que allí yacen por supuesto. Las personas no valen nada.
