Después de conocerse los señalamientos a exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia por recibir presuntamente coimas entre $1.500’000.000 (mil quinientos millones) y $3.000’000.000 (tres mil millones de pesos) para meterle la manito a procesos de políticos cuestionados, no será raro encontrar el mismo caso en otras entidades del Estado.
Si le meten la mano a una alta corte, supuestamente lo más “reputable” de la Rama Judicial, como serán entonces las manoseadas que “inescrupulosos” le pegan a otras entidades como Fiscalía, Procuraduría, contralorías y personerías para que se empapelen, retrasen, modifiquen o atribuyan responsabilidades a muertos río arriba…
Los dos funcionarios exintegrantes de la Alcaldía de Aníbal Gaviria (2012–2015) a quienes se les comprobó un detrimento patrimonial por $11.000’000.000 (once mil millones de pesos) por la venta irregular del Lote 24, ubicado en la Plaza de Mercado la Mayorista de Itagüí, interpusieron una queja ante la Procuraduría General de la Nación, Seccional Antioquia en la que cuestionan la decisión de la Contraloría General de Medellín.
La exsecretaría de Servicios Administrativos, Vera Cristina Ramírez y el exsubsecretario de Adquisiciones, Jorge Mario Velásquez Serna, acusaron ante el Ministerio Público que la Contralora Patricia Bonilla actuó bajo las presiones políticas de los concejales Jesús Aníbal Echeverri y Bernardo Alejandro Guerra.
La Contraloría General de Medellín basándose en el avalúo y conceptos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi determinó que dicho Lote 24 fue vendido a terceros por un valor por debajo del avalúo comercial.
