Corrían las décadas de los 80 y los 90, cuando el asesinato sistemático de la Unión Patriótica se llevaba a cabo. El genocidio, como fue catalogado tiempo después por cortes internacionales, fue cometido por un sospechoso contubernio entre Fuerzas Militares y paramilitares, y algunos por el entonces grupo guerrillero de las FARC.
Para cuando llegaba el fin de ese grupo político surgido de la combinación de luchas de la guerrilla, la U.P. había logrado conquistar, vía elección popular, Alcaldías, Concejos, Asambleas y algunos escaños en el Congreso de la República.
Las autoridades, en cabeza del alto gobierno de las épocas, negaban la participación y entera responsabilidad del Estado en crímenes que sin la mediación de ningún ente jurídico se sabía a plena luz era un aniquilamiento de un pensamiento y de una ideología contraria a la imperante en ese momento no sólo en Colombia sino en toda América Latina.
Hoy cuando hemos logrado presenciar lo que muchos jamás imaginábamos, un proceso de paz que buscara más que la sanción, la verdad y la reparación de las víctimas, una serie de hechos similares en su estructura y operación opacan el momento de reconciliación que se pretendía en principio con el acuerdo de Habana.
La sistemática, y a esta palabra hay que hacerle énfasis, pues es la base de las condenas que ha sufrido el Estado de Colombia por el exterminio de la U.P, muerte de líderes sociales apunta a ser otra tragedia como en ese entonces lo fuera lo sucedido con el grupo político.
Los líderes sociales, en su totalidad sujetos anónimos, que a falta de compromiso real del gobierno, han decidido hacerse visibles para reclamar sus derechos, otorgados por la ley: restitución de tierras, participación en política, conocimiento de verdad, defensa del medio ambiente entre otros, no son delincuentes como han pretendido mostrarlos algunos funcionarios del Estado, son sujetos del común obligados a reclamar lo incumplido históricamente, y hoy, en desagradable coincidencia con la elección del presidente Duque, aniquilados por agentes desconocidos.
No puede pasar lo mismo que otrora ocurriera, no pueden, esa muertes, quedar impunes, no podemos permitir como sociedad que miles de colombianos vuelvan a ser obligados a irse para evitar la muerte. Es imperioso que el alto gobierno encabezado por los dos presidentes, el saliente y el entrante cumplan con el mandato constitucional de respetar la vida de los ciudadanos del país y al tiempo den razón de quienes han sido los autores intelectuales y materiales del sistemático aniquilamiento al que están siendo sometidos los líderes sociales en Colombia.
No podemos permitir que una vez más, después de que los ríos de sangra sequen y algunos solo queden en la memoria de los familiares y amigos, salga la justicia a decir que el autor de esos asesinatos fue un muerto, como sucedió en el caso de Jaime Garzón, Pizarro, Pardo Leal, Jaramillo Ossa y tantos otros cuya muerte se le atribuye a un jefe paramilitar ya extinto.
