Hace un par de semanas la Contraloría General de la República inició una investigación contra el alcalde de Medellín por un presunto sobrecosto en un contrato de alimentos para estudiantes pobres de la ciudad por el tiempo de cuarentena. El sobrecosto de cerca de mil millones de pesos es uno de los casos por los que se investiga al Municipio.
En ese sentido, la Contraloría Municipal creó un grupo de profesionales con el propósito de hacer seguimiento a cada una de las contrataciones que ha adelantado la Alcaldía de Medellín y entes descentralizados para contrarrestar la pandemia que generó el coronavirus.
De acuerdo con la Contralora General de Medellín, Diana Carolina Torres García el fin del grupo de seguimiento es evitar que en el marco de la “urgencia manifiesta” declarada por el Gobierno de Duque, los entes territoriales, en este caso Medellín, cometan actos irregulares a la hora de contratar.
Sin embargo, para Torres García el control posterior, agregado al lento y paquidérmico aparato estatal hace que estas entidades queden mal ante la opinión pública, máxime si no se le otorgan las herramientas necesarias para descentralizar el control fiscal con el fin de ser más eficientes y eficaces a la hora de hacer su tarea.
La corrupción, el clientelismo, la burocracia más la complejidad del ser humano, fueron algunos apartes de la conversación con la Contralora Diana Torres encargada de supervisar el óptimo manejo de los posibles 22.8 billones de pesos de presupuesto del Plan de Desarrollo “Medellín Futuro” que como van las cosas se aprobará este fin de semana en el Concejo de Medellín. Ver entrevista
