El nuevo escándalo en Colombia relacionado con el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, el gran “demócrata conservador”, hijo de Laureano Gómez, sucedido en Bogotá el 2 de noviembre de 1995 y declarado crimen de lesa humanidad por la importancia del prestigioso político, de nuevo ha despertado las pasiones más extremas de este pueblo condenado a muerte por la vileza de sus gobernantes.
En una confesión inesperada, el partido político de la flor, Fuerza Alternativa del Común, aceptó su participación en el asesinato de Gómez, haciendo que más de uno se fuera para atrás por la sorpresa.
La verdad es que los enemigos del proceso de negociación entre las FARC y el Estado colombiano ven en cada salida del grupo exguerrillero una oportunidad para cuestionar el compromiso pactado. Ese medio Colombia (que ya es muchísimo menos), que votó por el no en el plebiscito por la paz, azuzado por el partido de gobierno, el glorioso Centro Democrático –en adelante el sepulturero-, cuestionaba los esguinces que los líderes del nuevo partido hacían a la verdad. Hoy los cuestionan por decirla.
Una vez Lozada aceptara que fueron las FARC los determinadores del homicidio del político conservador, las voces de los contradictores les exigieron que no contaran mentiras, que a quién defendían con esa falsa confesión, que dónde estaban las pruebas de eso, que por qué nunca se habían atribuido el homicidio.
Vaya contradicción, palo porque boga palo porque no. Ahora las FARC salieron a deber porque en un claro cumplimiento de los acuerdos de la Habana declararon como es su deber, la comisión de un delito.
Pareciera que a nadie le importa descubrir la verdad sobre uno de los capítulos más oscuros de este país, pareciera que la bandera es desmentir la participación de los exguerrilleros en la comisión de ese delito con el fin de destruir lo poco que se ha logrado.
Cuñado a eso, y en la misma línea de desprestigiar los acuerdos, ahora han salido las mismas voces a decir que como confesaron un delito deberán ser juzgados, en este caso por la Corte Suprema de Justicia, la misma que estaba juzgando al “EX” (¿será casualidad?).
Miserable la actitud del partido sepulturero, que con el afán desmesurado de continuar vigente sigue empujando al país a una inexorable condena a muerte.
