Desde que comenzó la pandemia se sabía que todas las ciudades iban a atravesar por picos de contagio que obligarían a los gobernantes a reforzar las medidas de aislamiento, al tiempo que se debía preparar el sistema de salud para la mayor exigencia que se avizoraba.
Eso significaba que con sobrada anticipación se habría podido calcular que la instalación de los alumbrados navideños no solamente era inconveniente sino irresponsable desde el punto de vista del gasto público por lo previsible que era la necesidad de apagarlos sin que cumplieran su objetivo.
Daniel Quintero hizo todo lo no se debía hacer: no preparó adecuadamente a la ciudad para la crisis porque vendió el falso logro de haber aumentado en mil camas de cuidados intensivos que en realidad era una simple cifra que no estaban, ni están, disponibles para la atención de la crisis, y decidió botar miles de millones de pesos al Río Medellín en una torpeza sin precedentes en la ciudad consistente en instalar alumbrado navideño para apagarlo antes de navidad.
La innecesaria instalación de los alumbrados no puede ser una simple equivocación más de Quintero porque no fue con recursos suyos que se hizo el gasto, sino con recursos estatales por lo que se deben activar los debidos controles públicos.
Por dicho despilfarro se deberían estar abriendo procesos de investigación en todos los ámbitos de responsabilidad, pues los requisitos básicos son dos y están a la vista: daño al patrimonio público e imprudencia grave como causa de dicho daño.
El daño al patrimonio público lo representa el gasto que se aleja de los fines del Estado o que no logra realizarlos. Gastar miles de millones de pesos para la recreación en medio de una crisis de salud pública para tener que reversar la decisión a los pocos días sin cumplir su objetivo es un daño patrimonial en Medellín y en Cafarnaúm. Con los recursos públicos no se pueden hacer apuestas a la suerte porque ello se aleja de los fines del Estado y gastar para un mes lo que va a durar sólo una semana tampoco realiza el objetivo para el cual se hace el gasto.
De nada sirve como justificación decir que los alumbrados podían mover algunas pequeñas economías porque de todas formas esas economías sólo se podían incentivar con recursos públicos si el fin último de lograr el disfrute de los alumbrados por parte de la ciudadanía era alcanzable, y ese objetivo claramente ni se alcanzó, ni era razonablemente alcanzable.
Ese daño patrimonial fue producto de una imprudencia grave porque el contexto de la pandemia constituía un claro riesgo muchísimo más que previsible de cierre de los alumbrados navideños y quienes menos se podían dar el lujo de subestimar los riesgos de la pandemia eran las autoridades encargadas de contenerla.
La probabilidad de ocurrencia del ese daño patrimonial era indiscutible porque se avecinaba el mes para el que estaban pronosticados los mayores niveles de contagios en medio de la limitada y sobrevalorada capacidad de respuesta oficial.
La decisión de cierre de los alumbrados era necesaria porque haber mantenido semejante error hubiera sido costoso además de dinero en vidas, pero la necesidad de cierre para salvar vidas no sirve como justificación del daño patrimonial porque lo que se cuestiona no es el cierre de los alumbrados sino su instalación bajo un indiscutible escenario de necesidad de fracaso prematuro.
Los gobernantes están llamados a responder no solamente cuando se apropian dolosa o intencionalmente de los recursos públicos, sino también cuando culposamente o por imprudencia dan lugar a su pérdida o daño.
Para los hechos que acá se mencionan además de la necesaria intervención de los órganos de control político, fiscal y disciplinario, cabe perfectamente la intervención oficiosa de la Fiscalía General de la Nación para que investigue un posible peculado culposo ya que por lo dicho se cumplen los requisitos básicos. ¿Quién investiga?…
