JERINGA VACÍA

JERINGA VACÍA

No se ha prestado suficiente atención a las vacunas falsas, hecho que se está volviendo recurrente durante las jornadas de vacunación contra el covid19.

Cuando comenzó la época de aislamientos hubo varios gobernantes que salieron a ofrecer cárcel para los que violaran las medidas sanitarias, pero ahora que de manera efectiva se están adelantando conductas que claramente ponen en peligro la vida de las personas más vulnerables, el silencio de esos mismos gobernantes es más que inmoral.

El Artículo 373 del Código Penal señala:

“El que con el fin de suministrar, distribuir o comercializar, imite o simule producto o sustancia alimenticia, médica o material profiláctico, medicamentos o productos farmacéuticos, bebidas alcohólicas o productos de aseo de aplicación personal, incurrirá en prisión de cinco (5) a once (11) años, multa de doscientos (200) a mil quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte, oficio, industria o comercio por el mismo término de la pena privativa de la libertad”.

Esa norma parece haber sido creada para punir los comportamientos de los que falsifican o alteran materialmente alimentos o medicinas, puesto que difícilmente al legislador se le habría ocurrido que hubiera simulaciones de vacunas como las que hemos conocido en esta época.

Sin embargo, nada obsta para que allí también se vean incluidas las mentirosas vacunaciones puesto que no es cualitativamente distinto suministrar o inyectar un material falso que se hace pasar por el verdadero, a hacer creer falsamente que se está entregando un material verdadero, pero sin estar entregando nada.

En el concreto caso de los medicamentos, podrá decirse que la diferencia entre alterar una vacuna y simularla consiste en que el material alterado pone en peligro la salud, mientras que no suministrar nada simplemente no pone en peligro dicho interés, pero debe advertirse que lo que la norma castiga no es que el producto alterado sea peligroso, sino el hecho de que no suministrar el verdadero sea lo peligroso, y en los casos de las vacunas mentirosas no cabe duda de que se presenta un peligro que incluso puede materializarse en la muerte.

Las vacunas se están aplicando de manera prioritaria a las personas más vulnerables porque se tiene convencimiento científico sobre su riesgo de muerte sin la vacuna, y sobre la capacidad que tiene dicha vacuna de evitar tal desenlace inclusive en casos de presentarse posteriores contagios con síntomas.

La persona que está clasificada como población de mayor riesgo a la que le hayan aplicado la vacuna simulada perderá la oportunidad de protegerse contra muerte producida por el virus, puesto que la sola creencia en haber sido inoculada no reemplaza la vacuna verdadera.

Si esa persona se contagia y como consecuencia de dicho contagio muere, aquellos que realizaron la vacuna simulada y quienes participaron en dicho engaño, por ejemplo, los que dieron la orden de hacer tal ignominia, no solamente habrán cometido un delito contra la salud pública sino también un homicidio por omisión, pues tenían el deber jurídico en el caso concreto de impedir la muerte por contagio, tenían los medios para hacerlo y decidieron lo contrario.

Desde esta tribuna no se está exigiendo la persecución penal al personal de la salud que aplica vacunas, sino una profunda reflexión acerca de la gravedad de estos episodios, además del compromiso de los gobernantes con este fenómeno cuya iniciativa con seguridad no proviene de quienes salen en los videos haciendo la pantomima, sino de personas mucho más poderosas que están quedando en la sombra.

Nuestro compromiso como ciudadanos no puede ser otro que exigir a los gobernantes actuaciones prontas que pongan la vida por encima de la propaganda que arrojan las cifras de personas vacunadas y el aparente éxito de los planes de vacunación, pues como vimos no estamos en presencia de problemas menores sino de verdaderos crímenes contra la salud que podrían cobrar vidas en los más vulnerables.

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