El auto-ataque cibernético del Ministerio de Defensa durante las jornadas de protesta es mucho más grave que un simple detrimento patrimonial. El verdadero tamaño de la amenaza que se revela en esta gravísima denuncia es el de una tenebrosa política de combinación de “formas de lucha” en contra de opositores.
El medio de confrontación tradicional de los manifestantes ha sido el uso de la inconstitucional policía antimotines, que para estas últimas jornadas recrudeció el uso de instrumentos bélicos. A lo anterior el Gobierno-Fiscalía le ha sumado la generalizada fabricación de montajes judiciales como política punitiva y la recientemente revelada estrategia de uso de propaganda negra y autosabotaje como forma de demonizar a los opositores y recabar alguna legitimidad para las maltrechas encuestas.
Al comienzo del paro, la política del gobierno en contra de los manifestantes consistió en la realización de capturas en “flagrancia” y judicializaciones masivas como medio de intimidación para frenar el tamaño de las movilizaciones. Una vez que fracasó esta estrategia por las generalizadas libertades que otorgaron los jueces debido a que señalaron que las capturas eran ilegales, la estrategia cambió y se acudió al uso de la figura del “traslado por protección” del Código de Policía que permite la privación policial de la libertad durante algunas horas para neutralizar un concreto episodio de perturbación de la convivencia sin la intervención de los jueces.
Mientras esto ocurría, la Fiscalía y la Procuraduría impartían instrucciones a todos sus funcionarios para que se alinearan a la nueva forma de lucha: la búsqueda afanosa de testigos y videograbaciones para lograr capturas con orden judicial para la imputación del delito de terrorismo.
Es así como lo importante era la identificación de líderes de las protestas para realizarles seguimientos en redes sociales (ciberpatrullaje) y declararlos objetivo judicial. Personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos tienen noticias sobre uso de falsos testigos como supuestos informantes anónimos y extrañísimas coincidencias en los repartos de las audiencias en que se decide la privación de la libertad de los capturados que terminan casi siempre en los despachos de los jueces más reconocidos como “carceleros”.
A esta venenosa receta únicamente le faltaba el ingrediente de la propaganda, que ya quedó perfectamente evidenciado: mostrar a los que protestan como terroristas en medios de comunicación luego de dar la impresión de que tienen incluso la capacidad para ciber-atacar a los organismos encargados de la seguridad pública.
Por esto último es que los gastos multimillonarios para hacer parecer a las instituciones como víctimas de peligrosísimos terroristas que son posteriormente derrotados constituyen más que un desperdicio de recursos, pues evidentemente hacen parte de una política planificada y sostenida de violación de Derechos Humanos.
A los agentes públicos y a la ciudadanía bien les caería tener presente que lo que diferencia al Estado de los verdaderos terroristas es que estos últimos no tienen reparos en combinar las “formas de lucha” para el logro de sus objetivos porque creen que el fin justifica los medios.
No estamos ante un problema de simpatía o animadversión frente al gobierno o frente a quienes protestan (con o sin violencia). Estamos ante un problema de vigencia del Estado de Derecho porque se ha vuelto política pública la violación de las reglas de juego de la democracia para sacar ventaja política demonizando y acabando con el opositor sin importar lo que se tenga que hacer. Estamos ante un problema de sabotaje del orden constitucional para la supervivencia política y debemos enfrentarlo con las mismas herramientas que nos ofrece la democracia: la protesta social, el control judicial y el voto.
Votar por los candidatos del partido del Gobierno o por quienes buscan su continuidad sería la más torpe e ingenua forma de autosabotaje ciudadano.
