CONTRA EXALCALDE DE NARIÑO

CONTRA EXALCALDE DE NARIÑO

• La decisión también involucra a los entonces, secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial quien fungió como supervisora del contrato de interventoría y al interventor del proyecto.

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Por presuntas irregularidades en contratación para construir el Centro de Integración Ciudadana del Corregimiento de Puerto Venus, en el municipio de Nariño, Antioquia, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exalcalde de Nariño, Antioquia, Abelardo Antonio Arraut Bustamante (2012-2015).

La decisión también involucró a los entonces, secretaria de Planeación y Desarrollo Territorial, quien fue supervisora del contrato de interventoría NRO. 330971-062-2015, Stepfanie Soto Giraldo, y al interventor del proyecto, Marco Antonio Díaz Medina.

Al parecer, el exmandatario suscribió contratos de obra sin contar con estudios de suelos acordes a las exigencias técnicas de las normas de sismo resistencia, y sin tener en cuenta la intervención de la vía de acceso, aspectos que fueron determinantes para la posterior adición de recursos por $259’000.000 (doscientos cincuenta y nueve millones de pesos).

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Como resultado del actuar del exmandatario, la entrega de esta edificación prácticamente inoperante y con riesgos para las personas que realizan actividades deportivas, se habría realizado tres años después de terminada su administración a pesar de que el plazo estaba proyectado para cuatro meses.

El ente de control cuestionó a Soto Giraldo y a Díaz Medina, entre otras, la posible falta de seguimiento al estudio de suelos que sirvió de base para el diseño y construcción del centro de integración, así como la presunta falta de verificación para que las excavaciones se hicieran a la profundidad requerida, con medidas ajustadas a las normas vigentes y con las especificaciones de la obra que se planeaba construir.

Para el Ministerio Público los investigados habrían desconocido los principios de economía, planeación y eficiencia, que rigen la contratación estatal.

En esta etapa procesal la Procuraduría Provincial de Instrucción de Rionegro calificó la posible falta del entonces mandatario como gravísima a título de dolo y las de la supervisora y el interventor como gravísimas a título de culpa gravísima.

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