La Procuraduría deberá hacer traslado del fallo disciplinario a la Fiscalía para que dichos exfuncionarios de la Alcaldía de Quintero sean investigados por el delito de concusión.
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El panorama penal para los exfuncionarios y amigos del renunciado e imputado exalcalde Daniel Quintero, quienes fueron inhabilitados y destituidos por la Procuraduría por intervención en política, no es el mejor.
De confirmarse en segunda y última instancia el fallo por parte del Ministerio Público la sanción de 14 y 12 años contra el exsecretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez y los exsubsecretarios, Juan Daniel Pulgarín y Fredy Alfonso Agudelo, el dulce se les pone a mordiscos.
La Procuraduría deberá hacer traslado del fallo disciplinario a la fiscalía con el fin de que dichos exfuncionarios de la Alcaldía Quintero sean investigados por el delito de concusión.
De acuerdo con el Artículo 404 del Código Penal, el funcionario o servidor público que abusando de su cargo y de sus funciones constriña o induzca a alguien a dar o prometer al mismo servidor o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebidos, o los solicite, incurrirá en prisión máxima de 15 años, además de una multa máxima de 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos $213’525.000 (doscientos trece millones quinientos veinticinco mil pesos), más la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo máximo de 12 años.
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Según la Procuraduría el entonces secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez organizó una reunión el 8 de agosto de 2021, que fue utilizada para promocionar y respaldar la causa del movimiento político Independientes mediante la presentación de la Corporación “El futuro se parece a nosotros”, lema empleado en el contexto del movimiento político del imputado Daniel Quintero.
En dicho encuentro se pidió a los servidores públicos presentes un aporte en dinero, que osciló entre los $ 300.000 y el millón de pesos, que justificaron como membresía para pertenecer a la citada corporación. Se estableció que, en efecto, posterior a la reunión, varios asistentes a esta, funcionarios de la alcaldía hicieron consignaciones a la Corporación.
Para esa fecha en que se realizó la reunión que se hizo a puerta cerrada y sin celulares, se encontraba vigente el calendario electoral para las elecciones presidenciales del periodo constitucional 2022-2026, circunstancias que configura una intervención en política.
De acuerdo con el Ministerio Público, Ramírez Álvarez se valió de su mando y el rol que tenía en la alcaldía para ejercer una fuerza “orientada a conseguir de los servidores asistentes no sólo la atención, sino a determinar su comportamiento hacia un sentido: realizar aportes económicos a la Corporación o Fundación “El futuro se parece a nosotros”, con lo que se garantizaba la continuidad del movimiento del que formaba parte el entonces alcalde Quintero.
Con el comportamiento señalado, el servidor Ramírez Álvarez vulneró sus deberes funcionales, pues el propósito de su cargo y sus funciones no contemplaban impulsar organizaciones de carácter particular, ni su presentación y promoción, como tampoco fomentar el aporte de dinero por parte de servidores públicos, menos aún sus subalternos para el financiamiento de sus actividades políticas.
Po su parte, en el caso de Pulgarín Correa el Ministerio Público estableció que el 9 de agosto de 2021 requirió a la servidora María del Pilar Rodríguez información sobre el pago del aporte económico, por $ 800.000 que le correspondía entregar para apoyar el financiamiento de la citada corporación.
El Ministerio Público advirtió que la entonces funcionaria habría tenido que presentar su renuncia como directora técnica de la subsecretaria de Grupos Poblacionales “al sentir que la negativa a dar el aporte le generó una condición difícil para continuar en su cargo».
Respecto de la conducta de Agudelo Bolívar, la Procuraduría determinó que ejerció las potestades que su empleo o función le puso a disposición o facilitó la casa o inmueble ubicado en el barrio El Poblado para que se realizara la reunión del 8 de agosto, convocada por el secretario de Inclusión Social, encuentro al que asistieron funcionarios de esta dependencia y de la Secretaría de Participación Ciudadana a quienes se les recogió su aparato celular y se dispuso una caja transparente para depositarlos.
El ente disciplinario consideró que el hecho de haber recogido los celulares y haber dispuesto una caja transparente para depositarlos, además del hecho de sugerir a los asistentes que los dejaran en determinado lugar, “no fue una medida justificable en razón al cargo público que ejercía toda vez que dicha acción desbordó sus funciones (…)”.
La Procuraduría calificó la actuación de Ramírez Álvarez, de Pulgarín Correa y Agudelo Bolívar como falta disciplinaria gravísima, cometida en todos los casos a título de dolo y advirtió que contra la presente decisión procede el recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento.
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De otra parte, se ordenó la expedición de copia del fallo primera instancia para la Fiscalía General de la Nación, seccional Medellín, para que se investigue la posible comisión del delito de falso testimonio en contra de la señora Melissa Peláez, representante legal de la aludida corporación, quien en declaración rendida ante la Procuraduría, bajo la gravedad de juramento, pretendió evadir su asistencia a la reunión del 8 de agosto de 2021, lo que pudo interferir en la actuación disciplinaria.
También se expedirá copia del fallo a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín para que, como vigilante de las entidades sin ánimo de lucro de su circunscripción territorial, realice la investigación correspondiente sobre la existencia o liquidación de esta entidad y lo relacionado con la representante legal, pues en la reunión del 8 de agosto figuraba otra persona diferente a la que legalmente se encontraba acreditada.
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