Colombia celebra indicadores macroeconómicos positivos con una proyección que ubica al país entre las economías con mejor desempeño en 2025. Sin embargo, el Gobierno de Petro decretó la emergencia económica para crear nuevos impuestos por decreto. El contraste entre optimismo oficial e incertidumbre fiscal revela tensiones estructurales más profundas que “cifras sonrientes”.
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El Gobierno de Petro sostiene que la economía colombiana “va bien”, apoyándose en cifras favorables de crecimiento, reducción de inflación y tasas de empleo que superan expectativas regionales.
El propio presidente Gustavo Francisco junto a su gabinete han difundido estos indicadores con orgullo, sonrientes, sacando pecho, como prueba de la solidez económica del país. Sin embargo, la lectura oficial de un panorama positivo convive con alertas sobre la fragilidad fiscal que subyace o se encuentran por debajo de estos datos tan alentadores y sonrientes.
El pasado lunes 22 de diciembre, dos días antes del regalo de Navidad, el gobierno de Petro firmó el Decreto 1390 que declara el estado de “emergencia económica y social”, alegando una situación fiscal excepcional que amenaza la prestación de servicios fundamentales y la garantía de derechos básicos.
El Gobierno argumentó que este tipo de emergencia, aunque extraordinaria, es necesaria para obtener recursos adicionales que no han sido aprobados por el Congreso a través de la fracasada Ley de Financiamiento.
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El contraste entre celebrar a grito herido los rankings internacionales de crecimiento y decretar la emergencia económica ha generado sorpresa y críticas por parte de la opinión pública.
El argumento oficial de que Colombia figura entre las “mejores economías del mundo en 2025” parece chocar con la necesidad urgente de recaudar casi $16,3 billones de pesos adicionales para equilibrar el presupuesto de 2026. El doble relato alimenta la percepción de que las cifras macro no reflejan completamente las brechas fiscales vigentes.
Gremios como FENALCO señalaron que los motivos presentados por el Gobierno no constituyen hechos imprevistos, graves e inesperados, requisito constitucional para declarar emergencia, sino situaciones previsibles y conocidas de antemano, como obligaciones fiscales permanentes o la no aprobación de las reformas tributarias.
Para los críticos, la medida del Petro podría estar usando una herramienta excepcional para sustituir y reemplazar el debate parlamentario y la representación popular en decisiones tributarias.
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Analistas y exministros de Hacienda han advertido que la declaración de emergencia sin fundamentos robustos puede representar no sólo un riesgo jurídico sino también un impacto político profundo, al cuestionar el principio que sólo el Congreso puede imponer impuestos y legislar las normas fiscales en el país.
La discusión sobre la legitimidad de la medida todavía se encuentra en la arena pública y jurídica, mientras la Corte Constitucional continúa, en vacaciones, observando el Decreto.
Conocedores del tema fiscal han manifestado, además, que la emergencia económica puede aliviar la falta de “flujo de caja” del gobierno a corto plazo, pero que no resuelve el déficit fiscal estructural que Colombia arrastra desde hace años.
Esta perspectiva sugiere que la medida es más paliativa que transformadora, además que los problemas de fondo como el equilibrio entre impuestos, gasto público y deuda, exigen reformas más profundas que decisiones de emergencia.
Para la opinión pública, el contraste entre cifras macroeconómicas positivas y la urgencia de nuevos recaudos ha generado desconfianza y debate sobre la manera en que el gobierno de Petro ha manejado la economía real del país. No sabe, no se deja asesorar e improvisa…
La paradoja que vive Colombia, un crecimiento económico que convive con urgencias fiscales plantea un desafío central para la agenda económica y política.
¿Cómo conciliar la imagen de una economía que “va bien” con políticas que requieren mecanismos extraordinarios para sostenerse?
Más que una contradicción, esta coyuntura debería abrir un debate sobre cómo fortalecer las instituciones y el fisco, cómo mejorar la transparencia del gasto público, además de construir consensos que trasciendan cualquier “pacto” y agenda política.
