La Contraloría General de Antioquia imputó cargos de responsabilidad fiscal al gobernador Andrés Julián Rendón por un presunto detrimento patrimonial ligado a un millonario proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño, adelantado cuando fue alcalde de Rionegro. La decisión, además, vuelve a poner foco sobre otro expediente que lo persigue desde su paso por esa alcaldía: la investigación por el supuesto detrimento de cerca de $1.200 millones en la construcción de dos CAI en el mismo municipio.
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El nuevo enredo, reportado este lunes 29 de diciembre, se originó en un proyecto de movilidad anunciado para conectar varios municipios del Oriente.
La Contraloría Departamental decidió imputar cargos por hechos que se habrían traducido en pérdidas fiscales durante la ejecución del proyecto.
La obra, presentada públicamente como una apuesta subregional de ciclorrutas fue anunciada con una inversión cercana a los $25.000 millones de pesos que contemplaba tramos en los municipios de Rionegro y Marinilla.
Sin embargo, el anuncio no se reflejó en la terminación efectiva de las obras, de acuerdo con la información del ente de control fiscal.
En el expediente aparecen como piezas centrales un contrato interadministrativo por $34.458 millones de pesos entre la Empresa de Vivienda de Antioquia, VIVA, e Indeportes Antioquia con desembolsos que habrían llegado a $26.186 millones de pesos a proveedores como INGECON e IDC.
Por esos hechos, la Contraloría formuló cargos no sólo contra Rendón en su condición de alcalde de esa época, sino también contra el actual gerente de Viva, Rodrigo Hernández, exgerentes y exfuncionarios de Indeportes, además de una firma contratista y una aseguradora internacional.
La Contraloría de Antioquia sostuvo que, en la etapa precontractual, se habrían presentado debilidades que derivaron en contratos para obras que hoy no cumplirían el objeto para el que fueron ejecutadas.
Entre los problemas señalados, se mencionó la dificultad para adquirir predios y franjas de terreno, un cuello de botella que, según una veeduría de la localidad, terminó afectando la materialización del proyecto.
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El proceso no es nuevo en el radar público. En 2022, la Contraloría Departamental ya había abierto un proceso de responsabilidad fiscal por los retrasos, calculando un presunto detrimento de $26.186 millones de pesos y advirtiendo que, de un total de 23,6 kilómetros, sólo se habían ejecutado 6,5 kilómetros y otros 2,25 quedaron “a medio hacer”.
A ese antecedente se suma que, la Contraloría General de la República asumió poder preferente en el caso y compulsó copias a la Fiscalía para que evalúe eventuales implicaciones penales, mientras los denunciantes reclamaron celeridad para evitar que el proceso se dilate durante años.
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LOS CAI
Por su parte, el gobernador enfrenta otra investigación por su gestión como alcalde en Rionegro.
El caso tiene que ver por la construcción de dos CAI uno en Cuatro Esquinas y otro San Antonio de Pereira, obras contratadas por alrededor de $1.270 millones.
Sobre ese asunto, la Fiscalía solicitó audiencia de imputación luego que, la Contraloría determinara un detrimento patrimonial alrededor de $1.200 millones por infraestructuras que durante un tiempo no entraron en funcionamiento y que incluso se habrían levantado en predios con otra destinación.
Con dos investigaciones abiertas, ciclorrutas y CAI, el foco ahora estará en el desarrollo de los procesos de responsabilidad fiscal y en lo que determinen las autoridades penales y disciplinarias si encuentran méritos.
Por ahora, se trata de investigaciones en trámite en los que el gobernador podrá ejercer su derecho a la defensa mientras crece la presión pública por explicaciones y resultados en obras que fueron vendidas como estratégicas para la subregión.
