ACETAMINOFEN, LA PASTILLA MILAGROSA

La prioridad esa anterioridad de algo respecto de otra cosa en tiempo o en orden; esa precedencia de algo respecto de otra cosa que depende o procede de ello; esa preferencia no es la prioridad de las EPS para atender a sus enfermos.

Esta semana el periódico El Colombiano, publicó el caso de una familia del municipio de Bello, que en medio de las peripecias y varias hospitalizaciones logró que su hijo un menorcito de cinco años lograra ser atendido por un especialista y no por un médico general la EPS Comeva.

Después de confrontar en repetidas ocasiones con los empleados de mencionada EPS, ya cuestionada anteriormente por presuntas irregularidades por parte de sus funcionarios, el menorcito quien padecía de una fuerte sinusitis fue intervenido quirúrgicamente en la tarde del miércoles. El parte médico por parte de los especialistas es que el menor perdió totalmente el tabique por la gravedad de la infección.

Por la negligencia de Comeva, el menorcito tendrá que ser sometido a varias intervenciones quirúrgicas para la reconstrucción de su nariz y asumir los problemas e inconvenientes que la falta de una atención oportuna le pueda generar.

Aunque la buena intensión era ampliar la cobertura y mejorar los servicios de salud para los colombianos, la Ley 100 del año 1993 posibilitó que un derecho fundamental se convirtiera en el mejor negocio de la empresa privada.

Los permanentes problemas que padecen los enfermos del país que integran los regímenes subsidiado y contributivo, e inclusive los mal llamados vinculados, aquellos que ni siquiera están relacionados en el Sisben y que carecen de ingresos económicos; reciben paliativos por parte de un sistema mal vigilado por el gobierno nacional. El acetaminofen y el ibuprofeno, son en la actualidad los medicamentos más finos y apropiados, que medican las entidades prestadoras de salud para curar cualquier desde un resfriado, un dolor de estomago, epilepsia o un cáncer.

USTED DEBE SABER

Es probable que cualquier colombiano en algún momento sienta vulnerado su derecho a la salud.
Según la Defensoría del Pueblo “El derecho a la salud hace parte de los derechos que conforman el derecho a la seguridad social, consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política. Es, por lo tanto, un servicio público de carácter obligatorio que debe prestarse siguiendo los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. La atención de la salud de las personas y del saneamiento ambiental están a cargo del Estado, el cual debe garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud y ejercer el control y la vigilancia sobre las entidades privadas que prestan el servicio público de la salud.

El derecho a la salud, por mandato constitucional, tiene el carácter de fundamental y prevalente en los niños. En las personas adultas, el derecho a la salud adquiere el carácter de fundamental cuando se relaciona con otros factores, como cuando la vulneración al derecho a la salud amenaza el derecho fundamental a la vida, a la integridad física o mental.

Todos los niños menores de un año que no estén cubiertos por algún tipo de protección o de seguridad social tienen derecho a recibir atención gratuita en todas las instituciones de salud que tengan aportes del Estado.

El derecho a la salud está compuesto por cuatro elementos esenciales: disponibilidad de establecimientos, bienes y servicios, acceso a dicha infraestructura, aceptabilidad que en otras palabras es respeto por el paciente, reconocimiento de la diversidad y calidad. Así mismo, este derecho tiene una dimensión colectiva, relacionada con la salubridad pública, y una dimensión individual, circunscrita a la promoción del bienestar y la prevención, tratamiento y lucha contra las enfermedades”.

Suena hermoso lo que al pie de la letra y con la interpretación de la Defensoría del Pueblo, esta consagrado en la Constitución, pero la realidad demuestra totalmente lo contrario.

EL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO EN SALUD:
LA GRAN ESTAFA

Los usuarios que conforman el Régimen Contributivo en Salud se sienten asaltados en su buena fe. Las IPS, EPS y el resto de entidades de salud comenten un robo a mano armada.

El porcentaje económico descontado de los salarios de los trabajadores cada mes, además de los copagos antes de cada cita médica no son suficientes para que dicha entidad cumpla con los tratamientos y entrega de medicamentos de acuerdo con la enfermedad del paciente.

Lo más contradictorio del Sistema Contributivo es, que si el empleado alcanza una remuneración más alta sobre la base del salario mínimo mensual, en muchas ocasiones los medicamentos cuestan en una farmacia particular menos que el copago que debe asumir el bolsillo del afiliado. Tanto es el negocio que muchas IPS y EPS, acondicionaron sus farmacias para evitar que el pago mínimo de medicamentos se salga de sus manos.

LA TUTELA EN CUIDADOS INTENSIVOS

Tan poco eficiente y eficaz es el sistema de salud del país, que una de las armas para defenderse y la más utilizada por los enfermos colombianos es la Acción de Tutela.

La Acción de Tutela, herramienta creada e incluida en la Constitución del 91, se convirtió en la posibilidad para los usuarios de la salud que padecen enfermedades graves, y en la alternativa para mejorar su calidad de vida.

El piso 11 del Edificio de la Alcaldía de Medellín, donde esta funciona la Personaría Municipal de Fajardo, colapsa todos los días debido a que la mayoría de sus usuarios acuden al Ministerio Público a instaurar Acciones de Tutela. Según la personería, las entidades más entuteladas son las instituciones de salud por el continuo incumplimiento en tratamientos, medicamentos y atención oportuna y diligente a pacientes.

Lo paradójico además, es que algunas IPS y EPS, exigen la Acción de Tutela instaurada para continuar con los tratamientos y del paciente. En otras palabras, sin tutela no hay tratamiento óptimo, sino acetaminofen.

LOS VINCULADOS Y
EL SISTEMA SUBSIDIADO
Si el Sistema contributivo pende de un hilo, los vinculados y usuarios del sistema subsidiado van rio abajo. Los que viven de la caridad del Estado y esperan que los gobiernos de turno asuman la totalidad de los costos de los servicios de salud ven casi a diarios la luz al final del túnel.

Entre los vinculados y el sistema subsidiado contamos a los más pobres de los pobres, a los desempleados, a los reinsertados de los grupos al margen de la ley, a los habitantes de las calles y a otros cuantos que deambulan de allá para acá.

En Medellín, por ejemplo, los vinculados sobrepasan las 250 mil personas y las deudas que el gobierno afronta por este concepto con las entidades que las atienden como Metrosalud, ya son casi impagables.

MÁS VIGILANCIA

Los secretarios de salud, siempre se lavan las manos explicando que la ley no les permite vigilar las IPS y EPS y los servicios que prestan.

La primera falla empieza en las permanentes omisiones de las entidades encargadas de vigilar y sancionar a las Entidades Prestadoras de Salud que incumplen la ley.

Las EPS, el mejor negocito de los políticos del oficialismo, (hay que averiguar quienes son sus propietarios) necesitan un ente de control fiscal y disciplinario que les exija cumplir con su razón social, prestar servicios de salud de manera oportuna y con calidad.

La Superintendencia de Salud, único organismo encargado de dicha vigilancia, carece de las herramientas, personal y alcance para vigilar las IPS y EPS de todo el país desde Bogotá.

El control fiscal y disciplinario hay que descentralizarlo, entregándoles a las direcciones seccionales de salud y especialmente a las secretarías de salud municipales más autonomía para vigilar y sancionar a las entidades prestadoras de salud que incumplen la ley. La regulación y supervisión del servicio, sería el punto de partida para intentar hacer cumplir el Derecho a la Salud en Colombia. De no ser así, los enfermos nacionales tendrán que seguir tratando sus enfermedades a punta de placebos como el milagroso acetaminofen, que cura hasta el dolor en el alma.