Como se esperaba, la Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, fue la encargada por más de ocho horas de presentar el fallo que destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, por participación en política.
El fallo, en primera instancia, es el resultado de la investigación en contra de “Lonso” por participación en política durante la campaña electoral local del año pasado, que por el momento, deja al peor mandatario de Medellín, listo para ser “empalado” y sin posibilidades de continuar participando en el escenario público y político.
La Procuraduría sostuvo que: «El grado de culpabilidad con que actuó el doctor Salazar fue a título de dolo debido a sus declaraciones en el periódico EL COLOMBIANO del 7 de octubre de 2011 y con los trinos que escribió en el Twitter interfirió en el proceso electoral, dejando de lado la prudencia que le era debida que acarreó que se afectaran los bienes jurídicos que se tenían que proteger como era la preservación de la prohibición a participar en política».
Añadió que «Debe tenerse en cuenta que el doctor (Alonso) Salazar, pese a su jerarquía y mando, decidió influenciar el proceso electoral. Que su grado de participación en la falta se traduce en que él mismo entregó las fotografías y efectuó las declaraciones a los medios de comunicación».
Igualmente, se consideró que en la ciudad hubo constreñimiento electoral. «En las actas de seguimiento del Consejo Electoral se trató el tema del constreñimiento al elector con base en la información que entregó la MOE».
Argumentó además, que la manera en que actuó Salazar no era la adecuada para reclamar lo que estaba sucediendo. «El 7 de octubre luego de la publicación (en el periódico EL COLOMBIANO), el señor alcalde hace una serie de requerimientos a las autoridades… prácticamente da a entender que se quedó solo… en este caso el despacho encuentra que en el acompañamiento del proceso electoral estuvo la Fuerza Pública, la Procuraduría con las herramientas que tenemos”.
Además, el Ministerio Público cuestionó por qué razón el exalcalde Salazar no reveló en su momento, las presuntas irregularidades cuando las conoció en septiembre y sólo lo hizo hasta el mes de octubre. «En esta providencia se concluye que la afectación del orden público podía conjurarse con otras acciones».
Finalmente, mientras en la casa editorial, ubicada en el sector de la Ayurá, gozan con el fallo, pues Salazar Jaramillo les sirvió de “carne de cañón”, al exalcalde le quedan dos alternativas una, hacerse el harakiri y la otra volver a la investigación social. Boletín Procuraduría
Durante la presentación del positivo balance de ocho años de gestión, el expersonero de Medellín Jairo Herrán Vargas recordó los inconvenientes que tuvo con la Administración de Alonso Salazar por revelar las cifras del desplazamiento intraurbano en la ciudad.
Recordó que desde la Secretaría de Gobierno, le enviaron una carta en la que se solicitaba no revelar las cifras de los problemas de violencia en los barrios de la ciudad. Resaltó que la transparencia no se predica, sino que se practica, y en tal sentido, hay que actuar con la verdad.
Jairo Herrán Vargas, manifestó su satisfacción con la labor cumplida en la Personería de Medellín, especialmente en la defensa de los Derechos Humanos, a través de la Unidad Permanente.
El Concejo de Medellín, aprobó en segundo debate, otorgar facultades al Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, para realizar el proceso de modernización de la Administración Municipal.
Conocido el Proyecto, los sindicatos no estuvieron de acuerdo, con el otorgamiento de las facultades puesto que presienten la posibilidad de una masacre laboral. Fernando Vélez, Representante de la Mesa de Unidad de los Sindicatos del Municipio se refirió a la iniciativa.
Igualmente, los concejales Fabio Humberto Rivera y Juan Felipe Campuzano se refieren al tema, donde se resalta, que será mejor hacer un acto de fe.