Los organizadores de la “Fiesta del Libro” se dieron cuenta que los comerciantes de textos baratos y de segunda también merecen un espacio en la Feria que culminó hace un par de días.
Las grandes editoriales con sus textos de lujo empastados en cuero de ornitorrinco con bordes de oro, vendieron, pero no tanto como lo hicieron los libreros de la ciudad que desde hace décadas se montaron en esa dura tarea de vender libros en un país que no lee.
Los patrocinadores de la feria se anotaron varios puntos. La programación cultural y los conferencistas en un espacio óptimo para el encuentro como el Jardín Botánico cambiaron, por lo menos, por una semana la cotidianidad de muchos en la ciudad.
En el recorrido de la feria, sólo faltó la cámara para fotografiar una de las mejores escenas que haya presenciado en esta última versión. Después de caminar un buen rato, me encontré en uno de los cubículos con una buena foto: La Pianista Teresita Gómez junto al nadaísta Jaime Jaramillo Escobar, el poeta de “La Negra” compartiendo un par de copas de licor amarillo.
Hasta hubo dinero para comprar: “Contra Ratzinger” autor anónimo de $3000, “Domingo Negro” de Thomas Harris de $5000 y “El Conde Lucanor Don Juan Manuel” de José Manuel Fradejas Rueda de $8000, gran derrame presupuestal, porque la “Fiesta del Libro” volvió a ser feria.
Desde la página en Facebook del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos Botero, soltaron esta perla hace pocos días.
Dicen en el perfil del exmandatario seccional que: “La procuraduría General de la Nación mediante auto del 27 de agosto de 2012 ordenó la apertura de investigación disciplinaria contra el Gobernador Sergio Fajardo por escritos que aparecen en el denominado “Libro Blanco”.
“Por los mismos hechos, el Fiscal 11 ante la Corte Suprema de Justicia adelanta Investigación Penal contra el Gobernador Fajardo por los delitos de Injuria, Calumnia y Abuso de Autoridad”.
“Existen a la fecha dos investigaciones contra el Gobernador de Antioquia Sergio Fajardo, una de orden penal y otra de orden disciplinario, ambas derivadas de las denuncias interpuestas por el Ex Gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos Botero”.
Me dijo un colega periodista que el Secretario de Evaluación y Control de Medellín, Carlos Andrés Pérez Múnera, anda feliz, pero muy feliz pavoneándose con su cola por los corredores de la Alcaldía, después de haber coronado, por ahora, sus objetivos.
Varios juristas aseguran que Pérez Múnera, no podía desempeñarse como gerente encargado de la modernización del municipio para posteriormente regresar a su puesto en control interno. Dicen que la vigilancia en la aplicación del proceso está diezmada puesto que la supervisa quien la aplicó. Pero es completamente entendible, a Pérez Múnera le pasa como a las hienas, así sonrían todo el día, viven, se revuelcan y comen carroña.
Como si fuera poco, el Estatuto Anticorrupción, propuesto y sancionado por el gobierno de Juanma Santos el año pasado, es claro a la hora de describir en uno de sus apartados los requisitos fundamentales que deben cumplir los Secretarios de Evaluación y Control Interno de cualquier alcaldía y gobernación del país.
Dice el Estatuto: «Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador”. Comprensible que el exmandatario Alonso Salazar, haya tenido en cuenta a su Secretario de Desarrollo Social, Carlos Andrés Pérez Múnera para nombrarlo en dicho cargo, que iría hasta los primeros meses del próximo alcalde.
Y dice más adelante el Estatuto: «Parágrafo 1º. Para desempeñar el cargo de asesor, coordinador o de auditor interno se deberá acreditar formación profesional y experiencia mínima de tres (3) años en asuntos del control interno». En este parágrafito empieza el olor a azufre.
Carlos Andrés Pérez Múnera, de profesión abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con especialidad en Derecho Constitucional y maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, fue designado como Secretario de Desarrollo Social por el exalcalde, Alonso Salazar Jaramillo, después de la renuncia del desaparecido Jorge Melguizo.
Pérez se desempeñó, además, como Subsecretario de Control de Tránsito, donde hizo y deshizo con el personal a cargo. Ha trabajado, además, en las áreas del derecho penal, constitucional y administrativo como funcionario judicial y en la docencia universitaria en la UPB. En enero de 2008 Carlos Andrés Pérez Múnera ingresó a la Alcaldía como Subsecretario de Orden Civil de la Secretaría de Gobierno. ¿Y la experiencia en asuntos del control interno qué? Ver estatuto anticorrupción completo
Por: Adolfo León Ospina Mejía
Pese a los esfuerzos de la Constitución Política Colombiana de 1991 para separar el poder del Estado del de la Iglesia, algunos políticos y la misma Iglesia han logrado permear las instituciones para mantener la influencia en las decisiones del estado, recordemos por ejemplo lo sucedido en Medellín con la Clínica de la Mujer cuando monseñor Alberto Giraldo amenazó –seguramente con la excomunión- a “Lonso” y el necesitado centro de atención quedó suspendido merced al mandato de la Iglesia católica. (Hoy ese lote no hace más que ver crecer maleza)
La separación de poderes entre lo estatal y lo religioso ha tenido varias cáscaras que buscan entorpecer el principio constitucional, pensar por ejemplo en que la dirección del órgano de control de lo público está en manos de una persona que antepone sus principios religiosos y morales a los principios jurídicos y constitucionales. Y es que un sujeto como Alejandro Ordóñez como procurador general de la nación no cabe sino en la cabeza de algunos políticos que vieron conveniente su elección y ahora su evidente reelección.
Definitivamente gran parte del problema de Colombia está en el congreso que siempre mira su conveniencia para cualquier cosa, por ejemplo la elección de un procurador, que valga la pena decirlo intenta torpedear una medida tan polémica pero tomada en derecho, como la IVE y que ahora busca “escurrir el bulto” para cumplir la orden que la corte constitucional le dio sobre la rectificación en cuanto al medicamento denominado del día después.