Inquietos deberán estar los jefes de la Alcaldía y Empresas Públicas tras conocerse la renuncia de cuatro de los cinco ponentes del Proyecto de Acuerdo en el Concejo de Medellín, que pretende autorizar al Ente Autónomo para vender el 13% de las acciones que posee en Isagen. A los jefes les pasó igual a lo sucedido con el naufragio del “COSTA CONCORDIA”.
“EL COSTA CONCORDIA” un crucero construido en el año 2004 en Génova, Italia, pretendía promover la armonía, la unidad y paz entre las naciones europeas. Con cerca de 115 toneladas de peso “EL CONCORDIA” entró en servicio en el 2006, pero en la inauguración, el día de su botadura, la botella de champán no se rompió, hecho que se consideró de mala suerte.
A las 9:42 de la noche del 13 de enero de 2012 “EL CONCORDIA” naufragó frente a la Isla de Giglio en la región italiana de Toscana en el mar Mediterráneo. Una maniobra del capitán Francesco Schettino, provocó que la nave chocara contra unas rocas y abriera una grieta de 70 metros de longitud a lo largo del casco, dejando como consecuencia 32 muertos y 4 mil 197 evacuados. Lo particular de la historia es que en contraposición a lo que pasó en el “TITANIC”, 102 años atrás, el capitán del “CONCORDIA” se tiró del barco antes de que se hundiera…
Al Proyecto de Acuerdo que presentó EPM en el Concejo para enajenar las acciones que tiene en Isagen, venta que sobrepasaría el billón 200 mil millones de pesos, recursos de los que el 10% le corresponderían al municipio de Medellín, se quedó sin capitanes en el interior de la corporación.
Como se evacua una embarcación en estado de emergencia, se tiraron del crucero los ponentes por orden de edad, dignidad y gobierno. Primero los sabios y viejitos, luego los jóvenes y primíparos.
Renunciaron a la ponencia del proyecto su coordinador e integrante del Partido de la U, el concejal Santiago “El Santy” Martínez, seguido por la conservadora concejala María Mercedes Mateos Larraona. El corporado liberal Carlos Mario Mejía Múnera de la cuerda del alcalde Gaviria también renunció a la ponencia al igual que el verde Yefferson Miranda. Rober Bohórquez, por el momento, sigue comiendo caña…
La venta de las acciones de Isagen de propiedad de Empresas Públicas de Medellín no tiene el mejor panorama. Sin embargo, si tanto la gerencia de EPM como la Alcaldía pretenden continuar con esa propuesta, les tocará acudir al lobby y a los sobres de manila por debajo de la mesa para cumplir su objetivo.
Al quedarse el Proyecto sin cuatro de los cinco ponentes, al presidente del Concejo, Jaime Cuartas, le tocará reemplazarlos gastándose hasta cinco días como lo exige el reglamento que se cumplen el próximo fin de semana. Escogidos los reemplazos, el proyecto debe volver a primer debate a Comisión Primera. En caso de presentarse un empate u obtener una votación negativa, el alcalde Gaviria, podría apelar ese resultado.
El presidente del Concejo, que también es político, debe nombrar, entonces, una Comisión Accidental para que analice los puntos en contra y a favor del proyecto de venta de las acciones. Si en esa comisión, que la integrarán concejales escogidos con lupa, emiten un concepto favorable, el mismo análisis pasaría a plenaria para su ratificación o negación.
Si ese concepto es avalado por la plenaria del Concejo, el presidente Cuartas Ochoa, deberá definir una de las dos Comisiones Permanentes restantes, es decir, la Segunda o Tercera, para darle trámite al proyecto en primer debate. Pero el futuro es oscuro, en palabras de cristiano y musulmán, la venta de las acciones que Empresas Públicas de Medellín posee en Isagen, está en veremos, porque los concejales de Medellín en general no se someterán a tremendo desgaste a pocos meses de iniciarse las campañas territoriales…
Por carecer de la debida licencia urbanística que debe expedir la Alcaldía de Rionegro, la Corporación Autónoma Regional de Rionegro–Nare, CORNARE, suspendió el proyecto habitacional y comercial en sector de Llano Grande, LAGOON, COUNTRY & SUITES, que pretendía adelantar la CONSTRUCTORA FAJARDO MORENO de propiedad de la familia del gobernador.
De acuerdo con CORNARE, la CONSTRUCTORA FAJARDO MORENO, pretendía, al parecer de manera irregular, realizar un lleno interviniendo una llanura de inundación del Rio Negro, que afectaría el medio ambiente y los sectores aledaños.
Además, CORNARE, se basó en la denuncia interpuesta por las señoras Lina Moreno de Uribe y Pilar González, quienes en representación de la comunidad del sector manifestaron su inconformidad frente a las posibles afectaciones por los movimientos de tierra que se podrían realizar sin contar con las respectivas licencias y permisos para la obra. Ver resolución de CORNARE
Funcionarios de malas mañas, no sólo existen en Medellín, también en el resto del país y en el municipio de Rionegro. Mal parado quedó el Director de Planeación de esta localidad del oriente de Antioquia, Jorge Humberto Urrea, quien dejó esperando casi una hora la esposa de Álvaro Uribe, Lina Moreno y a Pilar González, quejosas por las obras de la CONSTRUCTORA FAJARDO MORENO en Llano Grande.
Lina y Pili, habían solicitado una cita con Urrea, para exponerle y radicarle las quejas por las presuntas irregularidades del proyecto LAGOON, COUNTRY & SUITES, que se pretendía adelantar en una zona de inundación.
Urrea, dilató la reunión porque también estaba esperando al representante legal de la constructora, Andresito Fajardo. Lina y Pilar cuando vieron a semejante empresario entraron en apnea inducida y sus lagrimales empezaron producción lo que las llevó a negarse inmediatamente a ingresar a la reunión con el presunto estafador hermano del gobernador. Andrés Fajardo acompañado de varios ingenieros quiso hablar con Moreno y González, pero le fue imposible porque el par de señoras encopetadas se estaban envalentonando.
Lo cierto es que, al parecer, tanto Andrés Fajardo como el Director de Planeación de Rionegro, tienen su guardado. El mismo Urrea les argumentó al par de damas que la licencia urbanística ya estaba lista y que los conceptos de CORNARE están absolutamente desactualizados.
Pero hay más para tener en cuenta. De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial, POT, de Rionegro, ese sector de Llano Grande está estipulado específicamente para la construcción de vivienda campestre y proyectos hoteleros, siendo esta última figura la utilizada por la constructora para vender dicho proyecto, para meter el aparente mico…
La situación que afronta en la actualidad el concejal de Medellín, ex integrante del Partido de la U, José Nicolás Alfonso Duque Ossa, es bastante interesante, al punto, que se está haciendo nueva jurisprudencia… Desde diversas trincheras tienen argumentos jurídicos, sin embargo, desde la Mesa Directiva del Concejo no la tienen clara y tienen que acudir a las decisiones salomónicas.
Duque fue expulsado del Partido de la U por apoyar la candidatura presidencial de Centro Democrático. La polémica nace entonces, porque unos afirman que las curules son de los partidos políticos, argumento que obliga a Nicolás a entregar la curul para que la ocupe Lina Garcia; pero los otros, sustentan que la curul pertenece al servidor quien consiguió los votos, opción por la que optó el concejal.
Entonces, Duque fue expulsado de la U y la Presidencia del Concejo de Medellín que ostenta Jaime Cuartas no lo reconoce como concejal de Centro Democrático, CD. Esa decisión hizo que Nicolás perdiera algunas garantías debido a que las mismas se toman del Reglamento Orgánico del Concejo que se basa en la Ley de Bancadas Políticas.
En otras palabras, el concejal sin partido, sin bancada, Nicolás Duque, no puede votar proyectos de acuerdo, ni hablar en debates, ni citaciones, ni tampoco presentar proposiciones en plenaria. Está limitado a realizar comentarios sobre algunos temas puntuales.
La única manara de desatar el nudo jurídico, según el presidente Jaime Cuartas, es que algún integrante del Partido de la U instaure una acción de tutela para que un juez obligue a Nicolás a entregar la curul, o que el mismo concejal utilice la misma herramienta para que Cuartas lo reconozca como concejal de Centro Democrático, porque de lo contrario, el cabildante continuará en el limbo…
Como van las cosas otro de los que por el Partido Liberal se apuntará a apostarle al Concejo de Medellín en las elecciones del 2015 es el actual diputado de Antioquia, Adolfo León Palacio.
Y es que le iría mejor. Una Asamblea tan anquilosada, paralizada y entregada al gobierno departamental de turno da hasta pereza visitarla. No es si no ver a los diputados como hablan y como caminan para entender la Antioquia que tenemos por fuera de los municipios que conforman el Área Metropolitana.
Los diputados, lastimosamente, padecen un perfil muy bajito, que comparándolos con la “altura” de Fajardo, necesitan un pedestal muy grande para hacerse notar.
Adolfo León Palacio criado a ultranza en la desmantelada casa de Convergencia Liberal, continúa trabajando con el nuevo representante a la Cámara y malquerido, Julián Bedoya en esa posibilidad de hacer campaña en la ciudad de Medellín para competir por una curul en la corporación municipal.
Por: @adolfospina
Uno de los mayores problemas que aqueja en este momento a la población colombiana es el de la salud. La mala atención, la escasez y demora en la entrega de medicamentos, el poco cubrimiento de enfermedades denominadas huérfanas y un sinnúmero de etcéteras son el pan diario de los colombianos.
En 1993, en el gobierno del presidente que le dio la bienvenida al futuro, el papá de Simoncito el congresista que firma leyes sin leer, el doctor Cesar Gaviria, e impulsada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, hoy senador al igual que hace 21 años, se debatió y aprobó la ley de reforma a la salud o Ley 100 que dio origen al colapsado modelo actual. El cambio fue completo: entre otros, se pasó de un sistema que cubría en términos de oferta a uno que lo hace en términos de demanda, de un derecho de obligatorio cubrimiento por parte del estado a un servicio ofrecido por particulares. Sus bondades debió haber tenido pero hoy son pocas en términos de calidad y cubrimiento universal como se consagró.
Los debates para mejorar el sistema de salud de los colombianos han abundado, desde el entierro completo de la Ley 100 hasta cambios estructurales en ella que mantengan su columna vertebral, pero que den seguridad de aplicación para beneficio de los “usuarios”. Se habla por ejemplo de reducir el “negocio” en términos de eliminar la intermediación prestadas por las hoy detestadas EPS, de ampliar el espectro del POS actualizándolo a las realidades de la población nacional y de generar un cambio que por fin haga realidad un deseo consagrado en la original ley, la universalidad. Pese al esfuerzo de unos y a la quejadera de los ciudadanos el Congreso de la República que entregó el pasado junio, no fue capaz de tomar decisiones en torno a la necesaria reforma, seguramente porque muchos de los más perjudicados en un eventual cambio, los mercaderes de la salud, serían los aportantes a las campañas para el parlamento entrante.
Paradójicamente, pues fue el impulsor, y por qué no decirlo gestor de la ley que nos tiene tan perjudicados en salud, el hoy entrante congresista Álvaro Uribe Vélez, impulsor de la Ley 50 de 1991 (que modificó el Código Sustantivo del Trabajo), ponente en 1993 de la ley 100, solicitó a la Secretaría General del Congreso le permitiera hacer parte de la Comisión Séptima constitucional que, “conoce de estatuto del servidor público y trabajador particular; régimen salarial y prestacional del servidor público; organizaciones sindicales; sociedades de auxilio mutuo; seguridad social; cajas de previsión social; fondos de prestaciones; carrera administrativa, servicio civil, recreación, deporte, salud, organizaciones comunitarias, vivienda, economía solidaria; asuntos de la mujer y de la familia”.
El cálculo del expresidente Uribe es enorme. Conocedor de las dificultades que se le avecinan como minoría en el Senado de la República y de la mordaza de la que será víctima, pretende mantenerse vigente y resonar en los medios a partir de una política basada en el populismo. De hecho, durante la discusión del incremento al salario mínimo para 2014 el expresidente Uribe, uno de los mandatarios que más golpeó la clase trabajadora del país, propuso que dicho aumento debería ser del 10%, mostrando con eso su carta de navegación en la, en ese momento, eventual participación en el Congreso.
Para desgracia de los colombianos, el expresidente Uribe ha decidido hacer de la reforma a la salud, a la del régimen pensional y a todas aquellas que tengan que ver con el ámbito social, su caballito de batalla en el próximo cuatrienio, avecinándose con eso otra vez una sarta de reformas, propuestas o impulsadas por él que sólo golpearán a las clases media y baja del país.
Por: Camilo Grajales
El 20 de julio de 1810 se firmó en Santafé de Bogotá el Acta de la Revolución. Liderada por José Acevedo y Gómez, la Junta Suprema de Santafé, inició la reunión del cabildo abierto que logró derrocar las autoridades españolas y la instauración de un gobierno autónomo como consecuencia de los actos revolucionarios del pueblo santafereño contra las autoridades coloniales. La crisis del imperio español, producto de la invasión francesa y el derrumbe de la monarquía, permitió que los ayuntamientos de ciudades como Cali, Popayán, Cartagena y Pamplona cambiaran su actitud política asumiendo la defensa de la soberanía popular y la autonomía como nuevas formas de gobierno. Se daba inicio entonces al histórico proceso de nuestra independencia, al mismo tiempo que comenzaba el ciclo de “La Patria Boba”.
Uno de los principios rectores de la Junta Suprema de Santafé estableció: “(…) A cada pueblo compete por derecho natural determinar la clase de gobierno que más le acomode (…)”. Siguiendo estas directrices, las leyes comenzaron a organizar y regular la compleja sociedad en la que nos tocó vivir al mismo tiempo que comenzó a diseñar un Estado a nuestra medida, a darle vida a la relación entre él y sus ciudadanos. En más de 200 años de vida republicana la tarea no se ha hecho del todo bien.
Con un récord de quince constituciones entre los primeros 70 años de vida independista, y unas 77 reformas posteriores en un periodo de 100 años, nuestra Constitución, ese pacto sagrado entre el Estado y sus ciudadanos, ha sido la “Carta de Batalla” de grupos envanecidos que luchan entre sí por el reconocimiento y la supremacía de sus intereses mediante la manipulación de las necesidades sociales, esa ha sido la característica histórica de las élites dominantes durante todo este tiempo como país.
Con un saldo de once guerras civiles, un movimiento guerrillero que hace estragos desde hace más de 60 años y fenómenos políticos como la abstención y la apatía, la clase política de este país ha comprobado que sólo puede gobernar para ellos mismos y no ha estado en condiciones de concebir un país justo y coherente para la pluralidad de su gente, elemento fundamental que nos hace únicos como nación. Y el problema no es sólo de las élites, es también de nosotros mismos que nunca hemos podido defender como ciudadanos lo que por derecho propio es nuestro.
Seguimos en la búsqueda de una forma de gobierno que nos pueda construir y entender con toda nuestra complejidad, que nos incluya a todos y cada uno en la función elemental del Estado, la garantía del bienestar común. En este nuevo periodo legislativo esperamos reformas significativas a la justicia, la salud y la educación. La paz, así como la posible anulación de la reelección presidencial se convirtieron en banderas políticas de las clases dominantes, que no son reformas determinantes para nuestra vida en sociedad. No exigir como ciudadanos a quienes por nuestra elección y derecho están delineando el rumbo de nuestro país, es estar condenados a vivir en el molde que se ha diseñado para ellos mismos, es estar condenados a vivir en “La Patria Boba”.
