sábado, julio 20, 2024

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TIRO AL BLANCO Nº 265

Varios podrían ser los cambios fundamentales en el manejo interno del Movimiento Centro Democrático, después de la convención uribista que se realizó en la sede de la Misión Carismática en Bogotá y en la que participaron más de mil integrantes de esa colectividad de todas las regiones del país.
De acuerdo con algunos de sus integrantes la idea del encuentro era aprobar los estatutos que permitirán crear un nuevo partido político que agrupará una militancia para nada despreciable que será protagonista en las elecciones territoriales del 2015.
Lo cierto es que en las entrañas de Centro Democrático existen divisiones. Por un lado varios congresistas electos le apuestan a la creación de un partido en el que la militancia tome las decisiones en su manejo interno, por ejemplo, la elección de candidatos.
Otro grupo de parlamentarios pretende que las decisiones sean tomadas por los mismos congresistas, con cierto tinte mesiánico como lo hacen el resto de los partidos políticos del país, en otras palabras, más de lo mismo…
La electa senadora de la República por Centro Democrático Paola Holguín, es una de las congresistas uribistas que le apuesta a la creación de un partido en el que las decisiones sean tomadas por la militancia y no por los parlamentarios.
La Holguín, argumentó que ese estilo de trabajo democratizaría mucho más el partido y no se dejarían las decisiones importantes a un grupo de congresistas a puerta cerrada.
La nueva senadora, de lo más rescatable que hace parte de esa mazamorra, sustentó que la misma militancia será, la que con su voto y mediante herramientas y procesos claros y definidos, escoja candidatos, entrega de avales y determine las reglas del juego electoral.
Entre las propuestas que debieron ser analizadas en Bogotá, se encuentra la creación de listas conformadas de una manera equitativa que garantice la participación tanto de hombres como de mujeres con un 50% por género para concejos, asambleas y congreso,  y no del 30% de mujeres como lo estipula la Ley actualmente.
El que se encuentra bailando “Ras Tas Tas” que hace parte de la canasta de los posibles aspirantes a la Gobernación de Antioquia es el actual secretario de gobierno del departamento, Santiago Londoño, el mismo que espió a los concejales de Medellín cuando desaprovechó su curul por cerca de tres años a nombre de la desprestigiada y desaparecida Alianza Social Indígena, ASI.
A Londoño proveniente de Croacia acompañado de su familia lo vieron en el Aeropuerto Internacional de Rionegro, José María Córdova, brincando en una sola pata de felicidad. La placidez de Santiago tiene que ver con la salida inminente por la puerta de atrás del secretario de Infraestructura, Mauricio Valencia, otro posible aspirante y a quien conocedores del tema, le auguran la ratificación en segunda y última instancia de la inhabilidad y destitución por chanchullero por parte de la Procuraduría General de la Nación en el caso de la licitación de los 4.1 kilómetros de doble calzada en el Túnel del Occidente, que le quitó a un primer consorcio para dársela a sus amiguis, unos 90 mil millones de pesos mal contados…
La seguridad de Londoño para ratificarse como el único posible aspirante a la gobernación por el fajardismo es saber, además, que el otro competidor es Alonso Salazar. Sobre el ex alcalde de Medellín, el secretario seccional explicó que Alonso está muy desgastado y que en el interior de esa letrina política le tienen bastante pereza y desconfianza, aspecto que genera muchas más resistencia…
La única certeza que se tiene en el escenario político es que cualquier cosa puede pasar, si Alonso Salazar fue alcalde y Alberto Builes gobernador, yo y tú, podríamos llegar a esas “dignidades”.
Aunque parezca mentira otro incluido en la baraja de posibles aspirantes a la Gobernación de Antioquia es nada más y nada menos que el otrora cacique e integrante de la hegemonía conservadora en los años 80, Fabio Valencia Cossio, “La cara amable de la política”, como lo califican en Bogotá.
Así suene en los análisis de los que saben de esta actividad, no será aspirante y menos candidato por Centro Democrático. Al pobre Fabio que hizo y deshizo políticamente por más de 20 años en Antioquia y quien se dio en la jeta con Uribe a mediados de los años 90 por una elección, le pagaron el último favor.
En esta ocasión la frase «de tal palo tal astilla», no se cumple. Los integrantes de Centro Democrático se secretean entre ellos, que Fabio Valencia deberá darse por bien servido por el regalo que le hizo Uribe al regalarle una curul a su hijo Santiago para la Cámara de Representantes, a quien le auguran el peor de los desempeños, por nuevo, inexperto y malo.
Es más, en el mismo cuartel de CD, explican que Valencia Cossio estuvo muy rezagado y perdido durante la campaña presidencial de Zuluaga en Antioquia, por la sencilla razón, que esta fue liderada por los seguidores del detenido ex gobernador Luis Alfredo Ramos Botero, acusado de presuntos nexos con el paramilitarismo.
Tantas son las estafas y chanchullos cometidos por la CONSTRUCTORA FAJARDO MORENO, empresa de la familia del gobernador que no dan abasto a los citatorios que hacen los juzgados y la fiscalía. El representante legal de la firma, Andrés Fajardo Valderrama anda metido en la sin salida al punto que perdió la cuenta de las demandas por causa de los incumplimientos en los negocios en los que se comprometió.
El pasado miércoles 2 de julio de la presente vigencia, ante la Fiscalía 42 Seccional asistió acompañado de su abogado, con el fin de testificar sobre la denuncia penal en su contra por ser un presunto estafador.
La presunta estafa, de acuerdo con la jerga judicial, fue cometida contra la señora Victoria Piedrahita Vélez en la compra de dos locales por un valor de $350’000.000 (trescientos cincuenta millones de pesos) ubicados en el gran elefante blanco de la vía Las Palmas, denominado CENTRO COMERCIAL SOLER GARDENS.
Entre las irregularidades que de manera regular comenten los FAJARDO MORENO, se encuentra la manera en que solicitan se adelanten las consignaciones de los dineros aportados por los inversionistas. Aunque esos recursos deben ser depositados en su totalidad en la respectiva fiduciaria como garante de proyectos urbanísticos, Andrés Fajardo solicita lo contrario.
En este caso en particular, a Victoria Piedrahita, como otros, se le solicitó que consignara $150’000.000 (ciento cincuenta millones de pesos) en la fiduciaria y los $200’000.000 (doscientos millones de pesos) restantes a nombre la empresa, al parecer chimba, Cámara Uno. En otras palabras, a la Piedrahita la fiducia le responde por 150 palitos, mientras Andrés Fajardo se embolsilla y no responde por los 200 palos restantes…
Pero hay un detalle simpático que se revela en la declaración que rindió el hermanito del Gobernador en la Fiscalía. Igual que los corruptos, ladrones y hampones de cuello blanco, Andrés Fajardo Valderrama, representante legal de la CONSTRUCTORA FAJARDO MORENO, una de las firmas más cuestionadas en el país, perdió la memoria.
Cuando el fiscal de turno le consultó que si conocía a Victoria Piedrahita Vélez y el negocio que había cerrado con el cliente, respondió que no sabía, que no se acordaba y que no conocía esa inversionista.
Andrés Fajardo se limitó a explicar que la persona que conocía el tejemaneje del negocio era la Jefe de Cartera María Adelaida Vacca, quien tenía más relación con los Fajardo Willianson, socios de los Fajardo Valderrama en la construcción del CENTRO COMERCIAL SOLER GARDEN
A “Nemo” lo encontraron, pero el problema ahora es que ni las ubres de la Vacca aparecen, convirtiéndose en una de las responsables y mayor testigo para las autoridades en contra de Andrés Fajardo, puesto que cumplió órdenes directas y manejó los recursos de inversionistas y terceros para proyectos urbanísticos, al parecer, de manera ilegal… Ver declaración
Algunos diputados responsables de la Asamblea de Antioquia manifestaron su preocupación por la intención que tiene la CONSTRUCTORA FAJARDO MORENO de construir un nuevo proyecto habitacional y comercial en el municipio de Rionegro, LAGOON, COUNTRY & SUITES en sector de Llano Grande.
Pero si algunos políticos están preocupados, la que se está arrancando el pelo es doña Lina Moreno de Uribe. La semana anterior, la mismísima esposa del senador Álvaro Uribe, radicó personalmente ante la Corporación Autónoma Regional Rionegro-Nare, CORNARE, la denuncia en contra de la empresa de propiedad de la familia del gobernador por dicha obra.
Después en su mochila, llevó a radicar la misma queja ante las direcciones de Planeación y Medio Ambiente del municipio de Rionegro, sin contar que también llevó copias a la personería de esa municipalidad y procuraduría regional.
La queja está compuesta de una carta de más de cinco hojas con los respectivos anexos, en la que se explican los impedimentos técnicos para adelantar el proyecto.
El punto fuerte de la carta es que los reparos y estudios para ese proyecto fueron realizados por la empresa INTEGRAL, donde trabajó el violonchelista Federico Restrepo, uno de los que también podría ser postulado como aspirante a la Alcaldía de Medellín o Gobernación de Antioquia.
“Aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla”. Esta sentencia tan ilustrativa ella de nuestra realidad político social resume lo que se viene dando con el movimiento Marcha Patriótica.
La semana anterior, desgraciadamente en el contexto mundialista que alejó a los colombianos de la compleja cotidianeidad e hizo que los medios de comunicación masiva, que para nuestro infortunio son quienes manejan la agenda nacional, tuvieran como epicentro de sus publicaciones al Brasil y específicamente a los estadios en los que se estaban jugando los partidos del torneo orbital; la exsenadora, víctima del (¿saliente?) monseñor Ordoñez, doctora Piedad Córdoba Ruiz, denunció que entre 2013 y lo que va corrido de 2014, 60 militantes del movimiento político Marcha Patriótica, han sido asesinados en hechos por esclarecer, todos ellos en aparente relación con su militancia.
El asunto no extraña. Recordemos que sólo un par de décadas atrás, Colombia pasó por uno de los sucesos más vergonzosos y crueles que se pueden dar al interior de una “democracia”: la extinción casi completa de un partido político de izquierda, la Unión Patriótica, U.P. Sobrevivientes de aquella barbarie para-estatal intentan hoy, dentro de la institucionalidad mantener sus principios ideológicos y filosóficos, pero sobretodo, mantenerse de manera legal en escenario político del que intentaron ser sacados a sangre y fuego.
Lo más preocupante del hecho estriba en que sea el mismo modus operandis el que se esté aplicando y un grupo político de similares características, contrario, desde la legitimidad, al Estado, el que esté siendo víctima del intento de extinción.
El proceso de acallamiento de la oposición ideológica que ha hecho carrera en el país, y que pareciera sigue siendo la herramienta preferida para silenciar los discursos disímiles, traerá severas dificultades al eventual proceso de desarme de la guerrilla de las FARC, en el entendido de que ratifica las grandes dificultades que trae hacer política de oposición de manera abierta en un país completamente radicalizado en cuanto a ideologías se refiere y con la herencia maldita del paramilitarismo que generó la cultura de silenciar de cualquier manera a sus contradictores así estén en su misma balsa.
Al margen y casi que para constancia histórica, reiterar la necesidad de encontrar los verdaderos causantes de los diferentes actos criminales que han signado nuestro transcurrir social, pues en la medida en que los actores intelectuales sigan pasando desapercibidos y estos sucesos queden en el anecdotario judicial o en los informes periodísticos especiales de los diferentes canales, los actos tenderán a repetirse como única manera validada incluso, de perpetuar el orden vigente.
Por: Camilo Grajales
Una de las estrategias de la Política Nacional de Seguridad y de Convivencia Ciudadana, contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo  2010-2014, es el Sistema Nacional de Información del Delito. Este sistema es alimentado a través de las encuestas de convivencia y seguridad ciudadana que se realiza en áreas urbanas de 20 ciudades del país a personas mayores de 15 años. El diagnóstico les permite a las autoridades locales y nacionales ajustar sus políticas públicas de seguridad para poder generar mejores estrategias en la lucha contra el delito. El eje principal de la encuesta es el tema de la victimización: hurtos, extorsión, riñas, violencia física, percepción de inseguridad y convivencia ciudadana. El resultado para Medellín en la encuesta de 2013 fue de 18.6%, el promedio nacional fue de 18.5%.
En ese sentido, la Alcaldía de Medellín anunció a mediados del año pasado inversiones cercanas a los $79.000’000.000 (setenta mil millones de pesos) para fortalecer la seguridad en la ciudad. Hoy se pueden contar más de 800 cámaras de vigilancia, 210 patrullas inteligentes, 10 CAI móviles con detectores de disparos, y un sinnúmero de arsenal tecnológico, vehículos eléctricos y personal capacitado que constantemente están al tanto de cualquier situación. El caso del centro de Medellín es especial: 252 cámaras,  66 cuadrantes de policía con un pie de fuerza de 530 efectivos y una inversión cercana a los 2.1 billones de pesos en programas sociales, de seguridad y convivencia. Así lo aseguró el Gerente del Centro después de sus declaraciones por las dos granadas que explotaron en menos de una semana en la zona del Raudal y Barrio Triste. 
Con esa magnífica inversión en dotación de personal y equipos tecnológicos se esperaría que las autoridades tuvieran mayor control sobre el centro de Medellín. Y el asunto no es que no lo tengan, es que el control lo comparten con grupos delincuenciales. El móvil de la primera explosión no fue una simple riña como en su momento lo aseguró el Comandante de la Policía Metropolitana, la retaliación con una segunda granada así lo desmiente. Negar la existencia y la fuerza de estos grupos no ayuda en nada a mejorar la situación. En su momento fue la negación de la existencia del “pacto del fusil”, tesis que cobra más fuerza porque parece estar rompiéndose a bombazos. Haber negado el pacto es haber perdido la oportunidad de seguirle el paso a las condiciones y a los actores.
Alguna vez se llegó a hablar de la “Donbernabilidad” en la ciudad, la época en la que Diego Fernando Murillo alias “Don Berna” era el cabecilla y único jefe de la “Oficina de Envigado”, coincidió con el período en el que Medellín tuvo su más baja tasa de homicidios y con la desmovilización del bloque paramilitar Cacique Nutibara. Hoy los rangos medios se disputan el mando que dejó “Don Berna”, el control del mercado ilegal, las rutas del tráfico de drogas y, al parecer, del centro de Medellín. Lugar donde diariamente circulan más de 1’200.000 personas y en el que a pesar de una inversión estatal en seguridad de más de 2 billones de pesos, realmente no se sabe quién lo controla. 
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Ruben Benjumea
Soy periodista por vicio y bloguero por pasión y necesidad. Estamos fortaleciendo otra forma de hacer periodismo independiente, sin mucha censura, con miedo a las balas perdidas, pero sin cobardía.