Por: @adolfospina
Si algún sector de la población medellinense se ha visto y se seguirá viendo afectada por la implementación del nuevo modelo de transporte en el área metropolitana, son los empresarios del servicio público colectivo.
Sus capitales han sido directamente afectados en la medida en que en el mejor de los casos pasaron de ser propietarios de un medio de producción (el o los buses) a ser accionistas de grandes empresas sin poder de decisión, en otras palabras perdieron la posibilidad de disponer de su propiedad.
Para las empresas que quedan en circulación, la competencia no es en igualdad de condiciones, pues mientras las líneas 1 y 2 de buses tienen casi que exclusividad de vías y un resorte financiero que los subsidia, el servicio tradicional tiene que compartir las pequeñas calles con otros automotores, sobre todo con el parque de motos que día a día aumenta más. Es también desventajoso para los buseros que mientras ellos tengan que someterse a la rigidez de rutas, horarios y paraderos, y al acoso de los guardas de tránsito, los taxis e informales puedan recoger y dejar a los pasajeros en cualquier lugar, sin más restricciones que el deseo y la necesidad del usuario.
Pero sin lugar a dudas lo más preocupante para la ciudad, que plantean los transportadores tiene que ver con el servicio de los masivos. En primer lugar, pese a que el reporte dado por las autoridades respectivas, (Área Metropolitana), plantee lo exitoso que ha sido la implementación del nuevo modelo, la realidad muestra otra cosa. Según las cifras se han dejado de transportar cerca de ochenta mil usuarios pues con el sistema tradicional se movilizaban doscientos tres mil y hoy sólo lo hacen ciento veintiocho mil, el restante están recurriendo a los informales, los taxis que hacen colectivo y la adquisición de motos.
En segundo lugar el transporte masivo, además de ser incomodo, no es tan económico como lo quieren mostrar. En matemática simple, si un articulado reemplaza cinco buses o diez colectivos, deberían reducirse también los costos de funcionamiento y esta reducción verse reflejada en el costo del pasaje, sin embargo en comparación el pasaje sólo ha disminuido cincuenta pesos.
Las autoridades tendrán que modificar su política de implementación y seguramente dejar abierta algunas puertas, de lo contrario un problema social se avecina. De hecho en las partes altas del sector de Manrique ya se escuchan las voces de los habitantes solicitando que vuelvan los idos.
