El Municipio podría perder la posibilidad de recuperar $6.500’000.000 (seis mil quinientos millones de pesos) por concepto de Obligaciones Urbanísticas en dinero en efectivo debido a malos procesos y manejos en el interior de la Subsecretaría de Tesorería de Medellín.
Para un ciudadano común y corriente como su mercé y como yo, las Obligaciones Urbanísticas no representan un aspecto de preocupación por dos situaciones. La primera es que un ciudadano de a pie no sabe qué es eso, y la segunda, porque quienes tiene la estricta obligatoriedad de cumplir ese requerimiento son específicamente los constructores de la ciudad, un nicho poblacional como de otro mundo.
Resumiendo la sentencia C-495 de 1998 de la Corte Constitucional, las Obligaciones Urbanísticas son “(…) bienes que se incorporan al patrimonio municipal con ocasión de la actividad urbanística y que indudablemente contribuyen a la integración del espacio público (…)”.
En otras palabras, las Obligaciones Urbanísticas constituyen ingresos no tributarios del Municipio de Medellín. Los constructores sobre la base de su actividad urbanística tienen la obligación de ceder gratuitamente a entes municipales una faja de su terreno con destino a calles, parques, plazas, vías de acceso y zonas verdes.
El asunto es que, lastimosamente, cada gobierno tiene su personal dudoso. Ante la incapacidad de algunos constructores de ceder en especie esas franjas de tierra, solicitaron en el año 2009, aproximadamente, la opción de pagar esas Obligaciones Urbanísticas en dinero en efectivo.
Esa solicitud fue analizada y aprobada por el Comité Municipal de Política Fiscal, COMFIS, integrado además por la Líder o Jefe de Cobranza de la Subsecretaría de Tesorería de la Secretaría de Hacienda de Medellín, Patricia Elena Cadavid Fonnegra. En cobranzas la tarea fue clara, otorgar facilidad de pago para Obligaciones Urbanísticas en dinero en efectivo a los constructores de ese momento.
Un detalle es que el proceso que adelantaba la Líder de Cobranzas Cadavid Fonnegra, estuvo bajo la lupa del Subsecretario de Tesorería Juan José Morales, quien en la actualidad se desempeña como Gerente de la Banca Institucional de CORPBANCA, entidad financiera que absorbió a HELM BANK, y que le hizo al anterior Gobierno de Antioquia un préstamo por 77 millones de dólares y en donde la exsecretaria de Hacienda de Antioquia María Eugenia Escobar Navarro posee unas 14 mil acciones.
Desde la Jefatura de Cobranza de la Subsecretaría de Tesorería, liderada por Patricia Elena Cadavid Fonnegra se empezaron a otorgar los acuerdos y facilidades de pagos, pero extrañamente no se exigieron los respaldos en bienes muebles o hipotecas como garantía.
Lo grave es que en la actualidad la Administración de Fico Gutiérrez carece de los respaldos para cobrarles a los constructores esos dineros en efectivo por Obligaciones Urbanísticas que alcanzan los $6.500’000.000 (seis mil quinientos millones de pesos). Ver documento
Por su parte, la Contraloría General de Medellín descubrió la presunta mentira. Al finalizar el año 2015, al parecer, la Secretaria de Hacienda Luz Elena Gaviria López, asesorada por Morales, el Tesorero; y Cadavid, la jefa de Cobranza; maquillaron la información manifestando que esas facilidades de pagos de Obligaciones Urbanísticas estaban en proceso de cobro.
Verificados los expedientes por parte de la Contraloría Auxiliar N°1 se evidenció que esas deudas son incobrables, además, que se encuentran a merced de cada constructor por si de buena voluntad desea pagar.
Por ese enredo a la Secretaria de Hacienda Gaviria López durante el gobierno de Aníbal Gaviria, la Contraloría Municipal inició un proceso sancionatorio por incumplir en el Plan de Mejoramiento que estaba exigiendo. Ver documento – Sigue…
