Aunque el Alcalde de Medellín, Daniel Quintero advirtió por un sencillo tuiter que está dispuesto a brindar toda clase de información para aclarar el asunto, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal en su contra por $942’750.372 (novecientos cuarenta y dos millones setecientos cincuenta mil trescientos setenta y dos pesos).
Igualmente son investigados la Secretaria Educación, Martha Alexandra Agudelo Ruiz y su Asesora Jurídica María Patricia Ariza Velasco, además de la Corporación Colombia Avanza, bajo representación legal del señor Henry Paulison Gómez Montoya.
La investigación tiene que ver con un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto el suministro de alimentos a población estudiantil durante la pandemia generada por el covid19.
De acuerdo con el organismo de control fiscal los vinculados contribuyeron presuntamente en daño patrimonial. El contrato es el N°4600085448, por 7.168’848.968 (siente mil ciento sesenta y ocho millones ochocientos cuarenta y ocho mil novecientos sesenta y ocho pesos), suscrito el 20 de marzo entre la Secretaría de Educación y la Corporación Colombia Avanza.
El presunto daño patrimonial está representado en el sobrecosto para el suministro de alimentos por parte del Municipio de Medellín, puesto que en el contrato mencionado se evidenció que el valor por kit alimentario fue de $26.423 pesos, valor que al sumar el porcentaje del costo de logística y transporte ascendió a la suma de $32.500 pesos por kit alimentario, que, multiplicado por 220.578 kits, pactados en el contrato, arrojó como valor total del contrato.
Al constatar los precios de los productos en el mercado se determinó que el kit alimenticio tendría un valor $22.149 pesos, que, al multiplicarlo por la cantidad de kits estipulados en el contrato, arroja un valor de $4.885’582.122 (cuatro mil ochocientos ochenta y cinco millones quinientos ochenta y dos mil ciento veintidós pesos), advirtiéndose un sobrecosto de 19%, representados en $942 millones de pesos por lo que se considerada el daño patrimonial.
