La compañía minera El Roble S.A., ha sido el eje económico del grupo empresarial de la familia del suspendido gobernador Aníbal Gaviria Correa. Dicha compañía ha obtenido importantísimos contratos de exploración y explotación minera en El Carmen de Atrato y Ciudad Bolívar, en conjunto con Anglo Gold Ashanti, la que pretende en la actualidad a toda costa la gran explotación minera en el municipio de Jericó.
Aníbal Gaviria se tuvo que declarar impedido para tener injerencia como gobernador en las decisiones importantes de la región de Urabá debido a que en esa zona están buena parte de las principales empresas de la familia, y tal impedimento dio lugar a que desde el Gobierno Nacional fuera designado un gobernador para la zona.
El futuro del Suroeste antioqueño se debate entre la gran explotación minera y el ecoturismo; aquella, representada en una compañía que no tiene problema en tratar de comprar concejales con regalos y en una clase político empresarial que no tiene problema en gobernar sin declarar conflictos de intereses empresariales; mientras el ecoturismo, representado en cientos de iniciativas campesinas y de ambientalistas, ha logrado volcar la atención de entidades como COMFAMA para la construcción de proyectos como el ecoparque a orillas del Río Cauca entre Támesis y Jericó, que hoy por hoy hace aguas porque resulta incompatible con el daño que ya varios estudios han señalado que la minería de metales provocaría en esa zona.
Muchos estarán pensando: “el doctor Gaviria no ha firmado nada”, para señalar que el suspendido Gobernador de Antioquia no ha suscrito directamente contratos de explotación minera en esa región, y que la empresa interesada en Quebradona no es El Roble sino Anglo Gold Ashanti. Pero si no queremos pasar por tontos es aconsejable ir un poco más allá:
El Roble y Anglo Gold recibieron contratos conjuntos para la exploración y explotación minera durante décadas en el suroeste y eso las convierte en compañías socias para efectos empresariales así no lo sean para efectos jurídico-societarios, y semejante francachela minera nadie debería dudar que genera lazos de hermandad económica casi perpetuos.
El Roble actualmente opera con participación mayoritaria de una compañía minera canadiense (por gestiones del entonces gobernador Gaviria llegaron al departamento empresas mineras de ese país principalmente al occidente del departamento), y su socia Anglo Gold, desde comienzos del año pasado, nombró gerente corporativo a Juan Camilo Quintero, quien fue secretario del gabinete del entonces alcalde Aníbal Gaviria. No es que la gente no pueda progresar ni conseguir trabajo, pero no puede ser casualidad que Quintero pase de ser el hombre de confianza de Aníbal Gaviria a ser el de confianza de la empresa más interesada en la gran explotación minera en el suroeste antioqueño, y por eso, que se nos diga que la Familia Gaviria Correa no tiene intereses en la minería que ejerce Anglo Gold Ashanti en el departamento sería creernos estúpidos.
Y no menos que lo anterior habría que ser para creer que los intereses empresariales de Aníbal Gaviria desaparecen con el nombramiento de gobernador encargado. Basta mirar qué personas fueron ternadas para reemplazarlo, para concluir que en cualquier caso la gobernación quedará en manos del propio Aníbal Gaviria, que se aseguró de poner en la terna a dos de los empleados de sus empresas privadas y a su actual autoternado gobernador encargado.
El Suroeste antiqueño enfrenta una dura encrucijada, y tiene la mala suerte de que el poder político del departamento está en manos de la peor de las opciones. En Urabá no fue problemático el nombramiento de gobernador ad hoc porque las empresas de la zona donde tiene interés el gobernante aparecen a nombre de su familia, pero a diferencia, en el Suroeste antioqueño la empresa donde tiene interés el suspendido gobernador no tiene su firma, ni la de sus familiares.
Pero tampoco tenían la firma del gobernador Gaviria los contratos de la troncal de La Paz (que lo tienen preso), ni el de la venta del lote 24 en la Mayorista, donde se perdieron más de 14 mil millones de pesos cuando fue alcalde de Medellín y por lo que ya fue condenada su secretaria de suministros, Vera Cristina Ramírez, en dos instancias tanto disciplinaria como fiscalmente por ese groserísimo negociado, pero como todo el mundo tiene derecho a trabajar y a progresar, actualmente Vera Cristina es alta ejecutiva en el periódico El Mundo, empresa de la familia Gaviria.
