El suspendido gobernador de Antioquia ha debido renunciar por razones de pundonor, dignidad y respeto a la ciudadanía y a las instituciones. Igual ha debido hacer el alcalde de Medellín en medio de los gravísimos señalamientos frente a los que nunca ofreció respuesta. ¿Es digno un gobernante cuando se aferra a su cargo mientras se cuestiona gravemente su integridad ética?
Para buscar una respuesta sensata a esta pregunta debemos primero distinguir entre la responsabilidad política y la responsabilidad jurídica, pues la primera es de carácter moral y la segunda es de carácter judicial, y por tanto no es correcto que en nombre de la primera se pida la segunda, pero tampoco lo es que en nombre de la segunda se deje de valorar la primera, como cuando muy equivocada y paradójicamente incluso abogados señalan que la presunción de inocencia judicial cobija también la responsabilidad política, como si todo en la vida dependiera de los juzgados.
¿Qué deberíamos tener en cuenta para esperar una renuncia de esta naturaleza, o exigirla? Debe renunciar a su cargo quien esté enfrentando una incriminación judicial o extrajudicial significativamente grave, y además tan razonable, coherente y sensata, que le obligue por ejemplo a guardar silencio y a refugiarse públicamente en su derecho judicial a no auto incriminarse; o cuando a pesar de sus mejores esfuerzos, la justicia le haya impuesto en firme una medida de aseguramiento que le prive de la libertad. Quizás pueda haber otros ejemplos, pero estos no parecerían ser polémicos, por lo menos desde estándares mínimos.
En el primer caso debe renunciar el gobernante porque la falta de explicaciones ante hechos graves genera desconfianza e indignidad, que son indispensables para ejercer con decoro el mandato público; y en el segundo caso debe renunciar porque si ese mundo de lo judicial, que es mucho más reglado y formalizado, ha resuelto bajo lógicas socialmente aceptables que debe estar privado de la libertad mientras se decide si es culpable, ¿por qué razón le vamos a premiar socialmente con la ostentación del poder político mientras se defiende en semejantes circunstancias de pérdida de probidad?
Tenemos a la mano los ejemplos: el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, decidió guardar silencio frente a los hechos de las incriminaciones que se hicieron públicas en su contra por abuso sexual, y ese silencio en el mundo judicial es sagrado y debe respetarse sin relativismo alguno, pero en el mundo de la responsabilidad pública sus explicaciones por razones de confianza y credibilidad sí son indispensables, y cuando los intereses personales judiciales se vuelven incompatibles con la necesidad de mantener la confianza pública, la renuncia es un acto de dignidad y respeto hacia el ciudadano.
El suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, sí ha dado explicaciones públicas frente a los hechos que le involucran, pero esas explicaciones le vienen dejando más mal parado ante la justicia cada que las ofrece, hasta el punto en que ya no se trata sólo de un fiscal quien considera que debe estar privado de la libertad, sino también la propia Corte Suprema de Justicia. Esas decisiones en el mundo judicial no equivalen a una condena, pero sí equivalen a una declaratoria de razonabilidad tanto de la hipótesis incriminadora como de la necesidad de que el gobernante se aparte del poder porque judicialmente se le considera peligroso frente al uso de este.
En franca lid, Gaviria perdió ante los órganos competentes su pretensión de defenderse en libertad, y no es respetuoso de la ciudadanía el que utilice su popularidad o se refugie en que judicialmente no ha sido declarado culpable para mantener así sea en condición de suspendido el poder político que se le entregó para representar con dignidad la confianza pública.
Tampoco ha sido respetuoso que mandatario seccional y sus aduladores maltraten a los órganos de la justicia calificando inicialmente a la Fiscalía de enemiga y ahora a la Corte Suprema de Justicia de ignorante, cuando basta una sola lectura desprevenida de la decisión que confirmó la privación de la libertad para concluir que el caso tiene más que razonable fundamento, y los conocidos discursos de “no se robó un peso”, “la obra se necesitaba y quedó bien”, “él no firmó y no podía controlar”, “no dio la orden”, se desdibujan con tanta facilidad que hasta termina siendo penosamente regañada su defensa y Gaviria queda más mal parado que antes de haber acudido a la Corte Suprema.
Nuestros gobernantes no renuncian porque para ellos es más importante el poder que la dignidad. Y los ciudadanos tampoco les exigimos la renuncia porque para nosotros es más importante quedar bien con ellos que nuestra dignidad. Nos gobiernan quienes nos merecemos.
