Sin lugar a dudas el Congreso de la República es la institución más desprestigiada del país, y esto no es nuevo para nadie, tampoco es gratuito y mucho menos se ha dado por generación espontánea. El continuo mal actuar de algunos miembros del parlamento ha sido la causa de que hoy los colombianos prefiramos incluso sacrificar uno de los componentes más importantes de una democracia, que justificar su existencia.
Pero la realidad es que la mala imagen del legislativo beneficia a una parte importante de los poderosos del país, y alimenta extraordinariamente a los que prefieren un Estado de opinión, pues encuentran en el Estado de Derecho una cortapisa para sus aspiraciones políticas.
El desprestigio del Congreso (que como lo he dicho no es injustificado), es la continuación de un largo proceso de debilitamiento de la democracia colombiana, comenzado, no se sabe si premeditadamente, con la muerte de los partidos políticos que dio surgimiento a movimientos significativos de ciudadanos que como borregos siguen a un líder, Estado de Opinión.
Lo peor es que ese señalamiento que hemos hecho al parlamento colombiano se ha generalizado de manera irracional a sus integrantes, minimizando algunos que en un escenario diferente podrían ser la ruta de un cambio para el país.
Independientemente de que su ideología sea de derecha o izquierda o del peligroso centro, en Senado y Cámara hay pensamientos muy valiosos para tener en cuenta, pero que sucumben ante el desprestigio de la institución que representan, dejando al país en manos de unos cuantos que han sabido sacar provecho de la situación.
Adicional a esto no se puede olvidar que es el votante el que elige a los congresistas, bien por dinero, por su identidad política o por fe, lo que significa en cualquier escenario que todos somos culpables del actuar de esa institución, al elegir sujetos investigados o individuos tan irresponsables como el Representante a la Cámara del Partido Centro Democrático, Edwin Gilberto Ballesteros Archila.
El irresponsable representante se atrevió a poner en discusión la idea de reformar la Constitución Política de Colombia para condenar a cadena perpetua a narcotraficantes.
La idea que ya de entrada está sin sustento por ir en contra del principio de resocialización del sistema penitenciario del país, por carecer de justificación jurídica, por no tener estudios financieros serios y por ni siquiera tener un objetivo claro, nace muerta por carecer de un engendrador capaz de defenderla.
Al Representante lo volvieron añicos en una entrevista que al respecto le hicieron en una emisora capitalina, al demostrar que no tiene ni la más mínima sustentación para la ocurrencia, tal parece que se levantó con una brillante idea y la tiró al aire como el más valioso de los descubrimientos, dándose cuenta al atardecer que era mejor haberse quedado en silencio. Los abuelos tenían razón, “un bobo callado no se echa de ver”.
Son este tipo de parlamentarios los que no ayudan al Congreso, pero también los que llevan a preguntarse a quiénes elegimos, a qué tipo de personajes tenemos haciendo las leyes. Son este tipos de elegidos los que opacan a otros juiciosos, estudiosos y conocedores de las realidades del país.
