Las fuerzas armadas son intocables en Colombia. Si uno de sus miembros, no importa cuántas veces se repita, comete un acto reprochable, acá se trata como un error que no tiene por qué afectar la institución, y si uno de sus miembros realiza un acto heroico, el mérito recae en las gloriosas fuerzas armadas y en especial en sus altos mandos.
En cambio, si en las protestas sociales aparecen algunos desviados a causar vandalismo, la responsable es la protesta social y no los individuales responsables de los daños. Ese es el doble rasero hipócrita de la sociedad colombiana, y no debe funcionar el ejemplo al revés, porque no es lo mismo juzgar el abuso del poder que el abuso del derecho, pues en el ejercicio del poder existen las responsabilidades políticas e institucionales, y en el ejercicio de los derechos las responsabilidades sí son individuales.
Se cree que criticar las indebidas políticas de profesionalización de las fuerzas armadas es un asunto de comunistas, porque lo importante es que sus integrantes sepan matar bien, y todo parece indicar que en eso vamos bien, pero con ese cuento hemos vuelto a las fuerzas armadas un mito, frente al que se suele decir que civiles ignorantes deberían abstenerse de opinar por tratarse de un espacio para expertos en asuntos castrenses y de policía.
Pero no se necesita ser experto en operaciones de seguridad para saber que las armas de fuego no se deben usar en situaciones en las que no esté en riesgo otra vida humana.
No se necesita ser experto para saber que las armas de fuego no se deben preparar ni accionar para asustar a otros.
No se necesita ser experto para saber que un arma de fuego en un contexto de masas o aglomeraciones ofrece un riesgo mayor del que puede prevenir o evitar.
No se necesita ser experto para saber que no importa el pasado de una persona o lo que haya hecho, pues, en ninguna circunstancia se le debe disparar para evitar que huya.
No se necesita ser experto para saber que las armas o instrumentos no letales o de baja letalidad se deben usar sólo en situaciones en las que no existan otros medios de control menos peligrosos.
Mejor dicho, no se necesita ser experto para saber que cualquier vida humana debe protegerse siempre que se pueda mantener a salvo, y por eso, el accionamiento de un arma no debe ser la primera opción, sino la última, y para que las cosas funcionen así, los encargados de portar armas deben pasar por los más rigurosos entrenamientos en evitar el uso de la fuerza, porque la profesionalización consiste en evitar la mayor cantidad de muertes innecesarias en vez de producirlas.
El poder coercitivo no es un fin en sí mismo, porque lo que es el fin en sí mismo es el ciudadano; y de allí que cualquier persona que se considere demócrata deberá preferir la defensa de los derechos a la defensa de las instituciones.
Un ciudadano que se considere demócrata debe preocuparse primero por la vida humana y después por los escudos y las banderas. Un ciudadano que se considere demócrata deberá entender que la seguridad es un fin legítimo del Estado, pero por encima de ese y de cualquier fin está la dignidad humana. Inclusive, sea cual sea el fin que se persiga, lo primero que debe preocupar a cualquier demócrata es que él no se puede partir nunca de la terrible lógica de que el fin justifica los medios.
La enconada y generalmente torpe -por no decir estúpida- defensa ciega de las Instituciones por las instituciones mismas, conllevan la idea grotesca de que los fines deben ceder ante el medio, porque es más importante mantener la imagen de las instituciones que admitir que las instituciones sufren problemas estructurales que ponen en riesgo la vida de las personas.
¿Cuáles son esos problemas estructurales? El más evidente problema es la negativa a reconocer que existe un problema porque mientras mueren personas por generalizadas actuaciones en las que se usa la fuerza sin necesidad, se sigue diciendo que ello no se relaciona con la institución, como si se pudieran entregar herramientas de muerte a personas para que hagan con ellas lo que quieran bajo su única responsabilidad.
Los responsables de este baño de sangre se atrincheran en la torpe idea de lo que parece ser una mayoría ciudadana que admite o justifica los abusos como parte de la lucha del bien contra el mal, olvidando que la única diferencia entre el bien y el mal no es el escudo ni el uniforme sino el respeto por las reglas de juego constitucionales, según las cuales el fin no justifica los medios.
Muchos despistados utilizan como ejemplos de buenos resultados los castigos desproporcionados que en apariencia sirvieron para mejorar la seguridad en Malasia o Singapur, reclamando, que, por ejemplo, cortando la mano del ladrón o la lengua del mentiroso habrá una sociedad con menos hurtos o menos calumnias. Pero olvidan que lo único seguro es que por esa vía lo que tendremos una sociedad con más carniceros, y que, con esa misma lógica, para reducir la pobreza nada debería oponerse a que el Estado mate a los pobres, o que para reducir la estupidez el Estado extermine a los estúpidos, dentro de los que probablemente estén los que creen que en la democracia deben existir intocables.
