Como era de esperarse la Contraloría General de la República terminará debiéndole al aspirante presidencial Sergio Fajardo puesto que acaba de recusar al jefe de control fiscal aduciendo su falta de imparcialidad para evaluar las pérdidas billonarias de Hidroituango.
Fue lo mismo que se presentó después de conocerse el mal y pésimo negocio de Orbitel que hizo Fajardo cuando de desempeñó como alcalde en el 2004, asesorado por el difundo exgerente de EPM Juan Felipe Gaviria.
En ese momento la Contraloría General de Medellín comandada por Marta Cecilia Vélez que había iniciado también la respectiva investigación fue recusada por el “burgo” logrando que ese proceso fuera a parar a la Contraloría de la República en ese entonces dirigida por el hijo bobo de Julio César y Nidia, (Julio César Turbay Quintero), quien ni corto ni perezoso archivó el caso.
Tras conocerse la imputación contra las personas naturales y jurídicas por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto hidroeléctrico, no sólo Fajardo salió a defenderse, sino también el exalcalde Fabio Alonso Salazar.
Así mismo, los que también se sumaron a la recusación son el exgerente de Hidroituango, John Maya y los exgerentes de EPM, Juan Esteban Calle y Luis Javier Vélez, entre otros indignados.
Los incómodos investigados señalan a la contralora delegada, Juliana Velasco de: “haber recibido de sus superiores, cabezas visibles de la entidad pública, presiones para tramitar de manera rápida el proceso, que ha afectado el principio de imparcialidad y transparencia que se le exige como investigadora en la causa de responsabilidad fiscal, todo ello lesionando el debido proceso, el derecho a la defensa, la investigación integral, la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley de nuestros investigados”.
Igualmente, expresan que el contralor Felipe Córdoba, ha “manifestado en medios de comunicación y portales institucionales la posición firme, y por demás atentatoria a la presunción de inocencia de los investigados, de hechos y conductas irregulares combinada con daños patrimoniales que, por ahora, no han sido probados”.
