“LOS BEDOYA”…

“LOS BEDOYA”…

El año que concluye deja un aceptable saldo en materia de control social porque muchos han sido los personajes públicos que han debido verse enfrentados al necesario escrutinio social por graves escándalos de indignidad pública que han desmoronado su legitimidad.

Aunque esto suena bastante bien, todavía nos falta dar un paso indispensable para lograr mejores estándares de justicia política, y ese paso es lograr que los corruptos renuncien a sus cargos cuando han sido grave y razonablemente cuestionados.

Para el ejemplo basta mencionar el caso del senador Julián Bedoya, de quien nadie duda que sólo le faltó estudiar Derecho para ser verdaderamente abogado.

Algunos medios de comunicación independientes y diversos opinadores pusieron en evidencia las curiosas circunstancias que condujeron a su titulación y gracias a la presión social Bedoya ya está condenado a la indignidad política.

La indignidad política no es más que la improbidad moral públicamente reconocida para detentar alguna relevante representación pública, y el senador Bedoya sin duda está en el aborrecible club de los que todo el mundo reconoce como manzanas podridas.

Podrá decirse que esa exótica titulación de abogado nada tiene que ver con el hecho de ser senador y que ninguna autoridad judicial -lo de siempre- ha determinado la irregularidad, como quien dice, no ha pasado nada. Pero por más que se digan esas predecibles cosas, la sociedad viene madurando en la dirección de entender que el escenario de las responsabilidades jurídicas es diferente al de las responsabilidades políticas.

La responsabilidad en el mundo judicial está mediada por la ritualidad de los procedimientos, mientras la responsabilidad política está mediada por el debate democrático.

El mundo judicial se caracteriza por las reglas de la presunción de inocencia y del derecho de no autoincriminación mientras en el mundo público es al revés: el que detenta un sitial de poder o representación pública tiene el deber demostrar que su conducta es pulcra cada que se le cuestiona y el derecho de guardar silencio no sirve como medio de defensa porque en ese escenario no se ejercen libertades sino deberes y no se padece el poder sino que se ejerce. Rendir cuentas públicas en el escenario de la responsabilidad política es un imperativo, no un derecho.

Cuando un servidor público encuentra que sus intereses judiciales son incompatibles con sus intereses políticos, debe renunciar a estos últimos porque el escenario de lo judicial no tiene por qué servir de excusa para eludir las responsabilidades propias del escenario político.

Algunas personas -generalmente simpatizantes y defensores de las causas políticas o judiciales de los corruptos- suelen decir que la sociedad no debe hacer juicios paralelos frente a quienes son investigados judicialmente porque se supone que el proceso judicial es una especia de escenario exclusivo y excluyente de análisis de responsabilidad donde nadie se debe meter porque los asuntos que llegan a un juzgado trasmutan y ya no son más que judiciales.

Ni los jueces nos pueden decir quién es políticamente responsable o indigno, ni la opinión publica puede decirle a un juez quién debe ser condenado o absuelto en la sala de audiencias. Asumir que los despachos judiciales son cortinas de hierro no es otra cosa que precisamente mezclar la política con el mundo judicial porque nada está más alejado de ser razonable que aspirar a que la política se resuelva en los juzgados o dependa de ese limitado escenario.

Tenemos el reto como sociedad de evitar que el discurso judicialista sobre la responsabilidad política nos arrebate la libertad de expresión, opinión y juzgamiento político.

Tenemos el reto como sociedad de ir más allá del cuestionamiento público que logra llevar a “Los Bedoya” ante los órganos de control y a los juzgados como si ese fuera el éxito del debate social.

Tenemos que condenar a los indignos a la indignidad. Tenemos que exigir la renuncia de “Los Bedoya” de aquellas posiciones de poder que no son dignos de representar o donde no son capaces de dar explicaciones razonables cuando se les cuestiona públicamente. Tenemos que lograr que los incapaces de dar explicaciones se vayan a guardar silencio a los juzgados.

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