La alcaldía de Quintero ha sido inestable desde sus principios, para muchos el que haya enfrentado al Grupo Empresarial Antioqueño al punto de moverle el piso en EPM es de admirar, para otros el mismo hecho puede hacer parte de una estrategia de debilitamiento de una de las tres empresas más grandes de Colombia con el ánimo de abonar el terreno para una futura venta. Así ha sido todo con el “pinturismo”, remoquete acuñado al movimiento del mandatario gracias a una de sus salidas en falso al inicio de su gobierno.
Cosas que criticar, cosas que destacar, pero donde la alcaldía de Quintero ha sido un absoluto mar de desaciertos (lectura que podrá ser errada si se mira desde la otra parte) es en la contratación. Todo proceso contractual generado en la actual administración ha estado sometido a una amplia serie de cuestionamientos, hechos algunos desde la visceralidad de quien pierde la teta mamaria del Estado, y otros, muchos, desde irregularidades visibles.
El Inder es el ejemplo claro de esas irregularidades contractuales, cientos de formadores, muchos con experiencia vasta y amplios estudios fueron “echados” sin miramientos, reduciendo la planta de este personal a cifras irrisorias y por consiguiente dejando de ofrecer bienestar a la comunidad menos favorecida, que es quien se beneficia de los servicios del Instituto.
Para seguir con las irregularidades a otro tanto número de funcionarios, no pocos, la condición para renovarles el contrato fue la disminución del salario a puntos tan exagerados que sobrepasaron el 50% de la remuneración que tenían.
El ambiente laboral del Inder es un absoluto hervidero, el miedo a que se les cancele el contrato en un país donde el empleo formal brilla por su ausencia ha hecho que los empleados se queden en silencio ante los atropellos de la administración.
Sin embargo, se ha sabido que lo que se pretende en el Inder es la creación de una empresa electoral (sino es que ya se creó). Detrás de la gerencia del Instituto hay alguien cercano al alcalde con expectativas políticas y esto se evidencia con una de las condiciones que les han exigido a los empleados para que su contrato no sea cancelado: la presentación de un listado de votantes con datos exactos y verificables.
A la par de eso es evidente como los escenarios deportivos públicos están quedando en manos de “Clubes de papel”, que no hacen más que usufructuarlos porque al contrario de lo que hacen las ligas o algunos clubes de tradición aquellos no brindan mantenimiento y menos dan retribución a las comunidades, las verdaderas dueñas de los escenarios deportivos.
La empresa electoral está echada a rodar, quiénes se beneficiarán de ella lo sabremos muy pronto, mientras tanto, comunidad y servidores del Inder seguirán sufriendo los atropellos de una administración que deja mucho que desear.
