El concejal Sebastián López, uno de quienes votó negativamente la venta de acciones dijo que, en su función, los cabildantes no son sujetos de control fiscal por no manejar recursos públicos.
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A través de una carta firmada por el Contralor Auxiliar de Medellín, Manuel Alejandro Moreno, se notificó a once concejales de Medellín que entre el 4 de julio y 15 de septiembre de la presente anualidad se realizará una actuación especial de fiscalización a EPM como sujeto de control para determinar la connotación fiscal del hecho denunciado, la afectación al interés general, la moralidad administrativa y el patrimonio público.
La Contraloría Distrital de Medellín inició la apertura del proceso de responsabilidad fiscal contra los concejales que se negaron en cuatro oportunidades a votar de manera positiva la venta de acciones que Empresas Púbicas de Medellín, EPM, posee en UNE Telecomunicaciones.
La versión de la Administración que orienta el alcalde Quintero fue que la decisión reiterada de no vender el paquete accionario por parte de los concejales opositores al gobierno en primer debate realizados en comisiones conjuntas generó que EPM, una empresa de naturaleza pública haya perdido por su participación en UNE unos $1.4 billones de pesos los últimos tres años.
El concejal integrante de Centro Democrático, Sebastián López, uno de quienes votó negativamente la venta de acciones aclaró que los cabildantes no son sujetos de control fiscal por no manejar recursos públicos.
Así mismo, para verificar si existieron faltas disciplinarias por dicha negativa con la venta de acciones, la Procuraduría General de la Nación también abrió una indagación previa contra los concejales de la ciudad.
De acuerdo con el Ministerio Público, se indagarán si los once concejales, integrantes de la oposición habrían negado la viabilidad de los proyectos para vender las acciones pese a que la Junta Directiva de EPM había autorizado iniciar el proceso de enajenación desde mayo de 2021.
Para establecer las presuntas faltas disciplinarias, la Procuraduría Regional de Antioquia decretó la práctica de pruebas que permitirán individualizar a los posibles autores.
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