Procuraduría y Contraloría del nivel nacional le respiran en la nuca a responsables por los posibles sobrecostos y actos de corrupción que se pudieron presentar en la secretaría de Educación de Medellín.
La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra la exsecretaria de Educación de Medellín, Alexandra Agudelo, por presuntamente haber inobservado el principio de transparencia y el deber de selección objetiva en el proceso de contratación N° 4600085185 de 2020, en el que se contrató de forma directa a la Corporación Colombia Avanza para la atención integral a la primera infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través de la modalidad Entorno Familiar del programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín.
De acuerdo con las pruebas recaudadas por la entidad, la Secretaría de Educación celebró un contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la Corporación Colombia Avanza bajo contratación directa.
Sin embargo, dicha modalidad de selección escogida no se ajustaba al objeto, necesidad, líneas de trabajo y obligaciones específicas que debía cumplir el contratista, pues las condiciones establecidas desde la etapa precontractual imponían al contratante el deber de iniciar el proceso teniendo en cuenta otra modalidad de selección precedida de una convocatoria pública.
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Según el Ministerio Público, Alexandra Agudelo en su calidad de secretaria de Educación para la fecha de los hechos, tenía el deber de controlar los procesos de contratación, lo que hace evidente su participación en cada una de sus etapas.
También es claro que tenía conocimiento de la modalidad de selección que se aplicaría para contratar el objeto establecido, desde los estudios previos y en los demás documentos que conformaron dicha etapa primigenia, como integrante del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Educación de Medellín.
Por eso, la Procuraduría, determinó que la exsecretaria presuntamente incurrió en falta gravísima consistente en participar en la etapa precontractual y/o contractual con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal a título de culpa gravísima.
Por su parte, mediante Auto N° 0338 del 24 de abril de 2023, el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez, declaró de Impacto Nacional los hechos relacionados con “el Contrato 4600085185 de 2020 suscrito entre el Municipio de Medellín – Secretaría de Educación con la Corporación Colombia Avanza”, respecto del que se había decretado la intervención funcional excepcional por parte del organismo de control.
El objeto de este contrato es la “Prestación de servicios para la atención integral a la primera Infancia, mujeres gestantes y madres lactantes a través de la modalidad Entorno Familiar del Programa Buen Comienzo”, por $16,060’533,045, adicionado en $4,631’778,426.
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La Contraloría Distrital de Medellín había abierto un proceso de responsabilidad fiscal respecto a dicho contrato, sobre el cual profirió auto de archivo el pasado mes de enero. Y la segunda instancia en grado consulta revocó la decisión en el mes de febrero de este año.
Con la declaratoria de impacto nacional, será la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR la encargada de continuar el trámite de dicha actuación.
El Contralor Rodríguez Becerra conformó un equipo especializado con el fin de tener conocimiento de primera mano de las informaciones sobre este tema.
