La Procuraduría busca establecer posibles omisiones de servidores públicos por identificar en su deber de brindar garantías de protección a actividades lícitamente concesionadas por el Estado.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación contra servidores públicos al parecer por determinar omisiones en la adopción de medidas de protección a la empresa ZIJIN-CONTINENTAL GOLD, en el municipio de Buriticá.
La investigación se inició por posibles faltas disciplinarias, luego de que la empresa de extracción minera subterránea hubiera solicitado protección en reiteradas ocasiones al gobierno nacional y las autoridades locales para salvaguardar la vida de sus trabajadores y garantizar el ejercicio y funcionamiento de su operación. Sin embargo, fue víctima de un atentado con explosivos en uno de los túneles el 17 de mayo, donde fallecieron dos personas y 14 resultaron heridas.
La Procuraduría busca establecer las posibles omisiones de servidores públicos por identificar o individualizar en su deber de brindar garantías de protección a actividades lícitamente concesionadas por el Estado.
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Por eso considera pertinente, conducente y útil, escuchar en testimonio a los directivos de la empresa minera. También solicitó al gobierno nacional, a las Fuerzas Militares, a la Gobernación, al alcalde del Municipio, entre otras autoridades, un informe detallado sobre las medidas y acciones emprendidas para la protección de los trabajadores de la minera ZIJIN-CONTINENTAL GOLD.
La Procuradora, Margarita Cabello, había rechazó el atentado terrorista perpetrado en la mina de Buriticá e hizo un llamado al gobierno nacional y territorial: “para que se tomen todas las medidas necesarias que permitan brindar garantías de protección a las actividades lícitamente concesionadas por el Estado, como lo son las actividades minero-energéticas, garantizando privilegiando la vida y seguridad de los ciudadanos frente a los actores criminales que actúan al margen de la ley y de la institucionalidad”.
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