Al menos 5 mil personas, entre mujeres y menores de edad de otros municipios, incluidos migrantes venezolanos, se han vinculado a la minería, cooptadas por el Clan del Golfo, inducidas, además, a las drogas, prostitución y trabajos forzados.
Incertidumbre total y un desgobierno en la gestión y manejo de los problemas de la minería ilegal, evidenció la Procuraduría General de la Nación luego de la mesa interinstitucional en la que las autoridades expusieron las acciones para afrontar la crisis económica, social y ambiental que se presenta por la minería ilegal en Buriticá, noroccidente Antioquia.
El ente de control confirmó afectaciones ambientales por los vertimientos ilegales y presencia de mercurio en fuentes hídricas y en aguas subterráneas que surten a los habitantes de Buriticá y zonas aledañas, información expuesta por Corantioquia, entidad que aseguró que las sanciones y controles son difíciles de adoptar por los problemas de seguridad.
Así mismo, el Ministerio Público aseguró que los problemas de orden público han imposibilitado el desarrollo de proyectos de formalización minera propuestos como solución de reconversión económica, debido a que cerca de 300 familias no han podido ejercer su actividad de manera legal y otras 300 no han podido ser beneficiadas.
El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios Gustavo Guerrero sostuvo que:
“No estamos en una situación de normalidad, no es una actividad minera que requiere fiscalización, seguimiento y medidas de orden público normales, es una situación anómala que, si se llega a replicar en el país, básicamente entramos en un desgobierno de la actividad minera”.
La crisis social también ha aumentado. De acuerdo con información recaudada por la Delegada para los Derechos Humanos, al menos 5 mil personas, incluidas mujeres y menores de edad provenientes de otros municipios y migrantes venezolanos, han llegado a Buriticá para vincularse a la explotación ilegal, presuntamente cooptadas por el Clan del Golfo, inducidas, además, a las drogas, prostitución y trabajos forzados.
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El delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, manifestó que:
“Estaremos verificando estrictamente que se cumpla el plan de acción presentado por las entidades del Gobierno, responsable de darle solución urgente a esta grave situación, y de tomar las acciones disciplinarias en caso de incumplimiento».
Finalmente, el Ministerio Público solicitó al Gobierno Nacional mayor articulación con niveles regionales y local, reiterando que, sin bien el título minero es de un particular, los recursos minerales son de dominio del Estado con incidencia en todos los colombianos.
