Los contratos fueron otorgados por Sneyder Pinilla, exsubdirector y Olmedo López, director de la Unidad de Gestión del Riesgo.
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Luego del análisis de la contratación de los últimos 4 años de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en contratos ejecutados en obras para desastres, calamidades y otras circunstancias por unos $5 billones de pesos.
El ente de control continúa con el análisis de la contratación en los años 2021, 2022, 2023 y 2024 de los suministros de carrotanques, los contratos del programa «Hambre Cero», la contratación de obras en el departamento de Santander y la contratación de suministro de maquinaria amarilla.
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CONTRATACIÓN CARROTANQUES EN LA GUAJIRA, CÓRDOBA, BOLÍVAR Y BOYACÁ
Luego de un análisis a la contratación de suministros de carrotanques en los años 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024, la Contraloría General de la República advierte de un incremento del 700% para la contratación del 2024 por más de $37.5 mil millones. Esta contratación se ha concentrado en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá.
Por tal motivo, el Vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, ha decidido declarar de impacto nacional los hechos que generaron este inusual incremento de la contratación en dicha Unidad.
“Estamos atendiendo las advertencias sobre una presunta afectación de dineros públicos por la compra de carrotanques, realizadas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría”.
Aseguró, además, que todas las actuaciones del caso estarán lideradas por la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción atendiendo el grave menoscabo a la administración pública y el presunto direccionamiento y mal manejo de la contratación de este objeto.
Para el ente de control llama la atención que la contratación de la UNGRD este focalizada únicamente en tres empresas a las que se les adjudicaron los millonarios contratos. Además, se investiga también un presunto favorecimiento en la contratación, dirigida a menoscabar el erario.
Igualmente se observa la presencia y continuidad de algunas empresas en la adjudicación de los contratos, empresas que vienen presentando incumplimientos en la formalización de estos, presuntos sobrecostos y violación a las normas contractuales.
Por esto, la Contraloría General de la República abrió investigaciones por la presunta pérdida de más de $80 mil millones de pesos en la sola contratación de carrotanques, atendiendo sobrecostos, ejecución y funcionabilidad de los proyectos de suministro y abastecimiento de agua potable, en todo el país.
Así mismo, compulsará las correspondientes copias a la fiscalía general de la Nación, puesto que de este estudio se vislumbra la posible ejecución de delitos contra la administración pública, y a la Procuraduría General de la Nación por presuntas faltas disciplinarias.
IRREGULARIDADES EN CONTRATOS DEL PROGRAMA «HAMBRE CERO»
Por su parte, la Contraloría General reveló irregularidades en 31 contratos durante el año 2023, destinados a la provisión de alimentos para damnificados por el Fenómeno de La Niña.
Los contratos fueron otorgados por los funcionarios Sneyder Pinilla, subdirector de manejo de Desastres y Olmedo López, director de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Estos 31 contratos, valorados en $131.812 millones de pesos otorgados a empresas que no contaban con personería jurídica o cuyo objeto de constitución no guarda relación con las actividades para las que fueron contratadas, carecen de experiencia o son presuntas empresas de papel.
Se observó, además, un presunto interés indebido en la contratación e incumplimiento en el régimen contractual por lo que se compulsarán copias a la fiscalía general de la Nación.
Estos hallazgos serán objeto de investigaciones adicionales y posibles acciones legales para asegurar que los fondos destinados a los programas de ayuda lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.
CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA
El ente de control advirtió sobre un incremento del 160% en la erogación destinada a la contratación de suministro de maquinaria amarilla en 2023, pasando de aproximadamente $88.000 millones durante el 2022 a cerca de $227.000 millones en la vigencia del año pasado.
A esto se suma la desconcertante concentración de recursos adjudicados a una sola empresa, que acumuló 13 contratos por un monto superior a los $21.000 millones entre el 2021 y el 2024, año en el que la empresa presuntamente habría obtenido un contrato por casi un tercio del total mencionado.
De los hechos irregulares encontrados durante la investigación se compulsarán copias a la fiscalía general de la Nación, toda vez que se observa un posible delito contra la administración pública.
ALTO RIESGO EN SANTANDER
La CGR tras un exhaustivo análisis de datos emitió una advertencia sobre los riesgos elevados en la contratación en el departamento de Santander.
En los últimos cinco años la ejecución de obras para la mitigación de riesgos ha estado sorprendentemente concentrada en ese departamento, alcanzando un 29.78% del total nacional.
Destaca el contrato actualmente en ejecución por la Unión Temporal Conexión Carrizal, con un valor de $185.439 millones, en una zona previamente intervenida por la UNGRD por los mismos riesgos.
Hasta la fecha, ya se han pagado $37.087 millones de este contrato, que tiene como objetivo realizar obras de emergencia para controlar inundaciones y socavaciones en Girón, Santander.
Sin embargo, en este mismo sector ya se habían ejecutado los contratos 9677-PPAL001-797-2021, 9677-PPAL001-199-2018, 9677-PPAL001-828-2017, y 9677-PPAL001-207-2018, con una inversión previa cercana a los $36.341 millones de pesos. Estos repetidos contratos plantean serias dudas sobre la eficacia y transparencia en la gestión de estos proyectos.
Desde el 2020, los contratos de obra para la mitigación de riesgos suman la cifra de $4.9 billones en Santander, una concentración de obras que resulta alarmante a juicio de la CGR.
Desde 2016 en Santander se han ejecutado 43 contratos e interventorías por un total de $635.408 millones de pesos, enfocados en mitigar riesgos de inundación y socavación en varios sectores, especialmente en Girón.
A este departamento le siguen Magdalena con 10.36% y Putumayo con 8.71%.
La Contraloría identificó la necesidad de auditar y evaluar 25 contratos adicionales en Santander que ascienden a $317.325 millones de pesos.
