En medio del reacomodo político que deja la segunda vuelta presidencial, Daniel Quintero vuelve a quedar en el centro de la controversia pública. A la investigación por presunta participación indebida en política se suma el posible detrimento patrimonial señalado por el cambio de contratistas en Hidroituango, un episodio que revive las sombras de su paso por la Alcaldía de Medellín.
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Colombia todavía digiere el resultado de una elección presidencial cerrada, intensa y polarizada.
Mientras los escrutinios avanzan y Abelardo De La Espriella se consolida como presidente electo, el progresismo empieza a reconocer el tamaño de su derrota con Iván Cepeda.
Pero la discusión poselectoral no sólo dejó balances de campaña, también volvió a poner bajo la lupa a varios funcionarios del Gobierno saliente que, desde cargos públicos, se movieron en los límites de la participación política.
Uno de los nombres que más ruido ha generado es el de Daniel Quintero, hoy superintendente de Salud. Su figura, lejos de representar renovación o solvencia institucional, reaparece atada a investigaciones, polémicas y cuestionamientos.
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La Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria por presunta participación indebida en política, luego de sus declaraciones realizadas tras la jornada electoral del 21 de junio, cuando ya el país conocía el preconteo que favorecía a De La Espriella.
El asunto no es menor porque los servidores públicos tienen restricciones claras frente a la actividad partidista, especialmente cuando sus palabras pueden interpretarse como respaldo, ataque o intervención en una contienda electoral.
Quintero ha defendido sus pronunciamientos como ejercicio de libertad de expresión, pero el problema de fondo es que no se trata de un ciudadano cualquiera, ocupa una de las superintendencias más sensibles del Estado con poder de inspección, vigilancia y control sobre el sistema de salud.
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Además, a esa nueva investigación se suma otro frente delicado, Hidroituango.
La Contraloría General de Antioquia señaló un posible detrimento patrimonial contra EPM por $108.585 millones derivado del cambio de contratistas para la construcción final del megaproyecto, decisión adoptada durante el periodo en que Quintero era alcalde de Medellín y presidía la junta directiva de la entidad.
Aunque el ente de control precisó que no encontró afectación patrimonial contra la Sociedad Hidroituango, sí dio traslado del hallazgo relacionado con EPM para que sea investigado por la Contraloría Distrital, la autoridad competente.
Hidroituango no es una obra cualquiera, es el proyecto energético más importante de Antioquia y uno de los más estratégicos del país.
Cualquier decisión que haya elevado costos, generado retrasos o deteriorado la planeación debe ser explicada con rigor, documentos y responsables, más aún cuando los recursos comprometidos pertenecen a una empresa pública que es patrimonio de los medellinenses.
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El problema para Quintero es que estos nuevos cuestionamientos no aparecen en el vacío.
Su paso por la Alcaldía dejó una fractura profunda en buena parte de Medellín y Antioquia, además que su llegada a la Superintendencia de Salud fue leída por muchos como una jugada política del petrismo más que como una decisión técnica.
Aún dentro de sectores cercanos al Gobierno ha sido visto con desconfianza, mientras en la región su presencia pública suele despertar rechazo y abucheos, reflejo de un desgaste que no se resuelve con discursos en redes sociales.
El nuevo mapa político de Quintero es cada vez más chiquito por la sencilla razón que Abelardo De La Espriella llega a la Casa de Nariño con la promesa de revisar a fondo los presuntos hechos de corrupción del gobierno saliente y de sus aliados, y, Quintero, quedará en una posición más que incómoda porque no tendrá el mismo paraguas político dispuesto a cargar indefinidamente con su costo reputacional.
Por eso, más que hablar de una condena anticipada, lo responsable es advertir sobre un cierre de ciclo político.
Daniel Quintero conserva el derecho a defenderse y las autoridades deberán probar o descartar cada señalamiento, pero en la opinión pública su capital parece agotarse entre investigaciones disciplinarias, posibles hallazgos fiscales y aislamiento político.
El futuro de Quintero “Pinturita” ya no depende de la agitación digital ni las redes sociales, sino de expedientes, decisiones de control y una ciudadanía que cada vez le concede menos margen de confianza.
