La persistente negativa de la senadora Isabel Zuleta a reconocer la sucesión presidencial, sumada a graves e infundadas acusaciones de fraude electoral y a serias investigaciones judiciales por extralimitación de funciones, enciende las alarmas sobre el relato que quiere imponer Pacto Histórico en Colombia.
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La política colombiana sigue siendo el mejor sainete que aguanta con todo y con lo menos esperado tras el ascenso al poder del nuevo presidente Abelardo De La Espriella.
La senadora Isabel Zuleta, perteneciente al Pacto Histórico, encendió otra de las polémicas más álgidas al cuestionar de manera frontal el relevo en el poder.
Zuleta no sólo desafió las normas no escritas de la convivencia democrática, sino que llevó el debate político a un terreno de deslegitimación que fractura la institucionalidad colombiana.
Frente a este escenario de abierta rebelión, las reacciones de otros sectores políticos no se han hecho esperar.
La concejal de Bogotá, Sandra Forero, tomó la iniciativa de presentar una queja formal ante la Procuraduría General de la Nación. En su solicitud, Forero exige una investigación disciplinaria contra la senadora Zuleta, argumentando que su comportamiento desconoce de forma directa el orden democrático consagrado en la Constitución.
La queja marca una línea roja frente al intento de normalizar el desconocimiento de la legitimidad presidencial por parte de miembros del propio Congreso.
El núcleo del bochinche político reside en la negativa obstinada de Zuleta para reconocer a Petro como expresidente. Para la congresista, a un paso de graduarse de guerrillera, la figura de Petro se mantiene en un estatus presidencial vigente, desconociendo de manera tajante el legítimo ascenso al poder de Abelardo De La Espriella.
Al negarse a aceptar el nuevo rol del exmandatario, la senadora no sólo distorsiona la realidad política del país, sino que intenta crear una bicefalia (gemelos unidos) presidencial ficticia que carece de sustento legal y constitucional, pero que tiene un alto poder de desestabilización en la opinión pública.
Esta retórica “insurgente” no se limita a los pasillos del Congreso o a las redes sociales. Durante un reciente recorrido por diversos departamentos de la costa caribe, Zuleta llevó su discurso desafiante directamente a las comunidades locales.
Con tono subversivo, la congresista prohibió y exigió explícitamente a los asistentes que no llamaran “expresidente” a Gustavo Petro, asegurando de manera tajante que ella en ninguna circunstancia permitiría que se le diera tal trato.
Esta actitud impositiva busca forzar en el imaginario colectivo la idea de que la transición del mando nacional nunca llegó a concretarse de manera legítima.
Para justificar esta postura, la parlamentaria sostiene de manera pública que el actual mandato de Abelardo De La Espriella carece por completo de legitimidad, fundamentándose en un supuesto fraude electoral del que no ha presentado pruebas.
Sus afirmaciones provocaron un unánime rechazo en diversos sectores institucionales y políticos de la nación, que exigen un respeto absoluto por los resultados oficiales y la preservación de las reglas del juego democrático.
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El controvertido perfil de Isabel Zuleta no se limita a sus cuestionamientos a la transición del poder. Su historial acumula otros cuestionamientos de índole legal, destacándose la investigación que adelanta en su contra la Corte Suprema de Justicia por presunta extralimitación de funciones.
El alto tribunal indaga su participación en un allanamiento dentro del centro penitenciario La Picota, un procedimiento que, de acuerdo con las denuncias, desbordó por completo las competencias constitucionales y legales asignadas a un congresista, configurando un precedente de abuso de autoridad.
A esta lista de escándalos se añade su rol como principal organizadora del denominado “Tarimazo en la Alpujarra” en Medellín.
La senadora gestionó y propició el desplazamiento de peligrosos delincuentes y jefes de bandas criminales recluidos en centros carcelarios para que participaran de forma presencial en un evento público junto al expresidente Petro.
Al subirlos a una tarima y pretender elevarlos a la categoría de interlocutores políticos del Estado, Zuleta demostró un profundo desdén por las víctimas de la delincuencia y una alarmante disposición a diluir las fronteras entre la legalidad y el crimen.
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La conducta de la senadora Isabel Zuleta no puede ser vista como un simple exabrupto retórico o un ejercicio de libre expresión política.
La sistemática campaña por desconocer los resultados oficiales, sus graves acusaciones infundadas de fraude y las investigaciones judiciales que enfrenta tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Procuraduría configuran un patrón de desprecio por el Estado de derecho.
En una democracia madura, las discrepancias políticas deben tramitarse bajo el respeto inquebrantable a las instituciones.
Cruzar esa frontera para deslegitimar el orden democrático sólo conduce a la anarquía institucional y al debilitamiento del Estado.
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La congresista @ISAZULETA no puede ir a las regiones a decir que @ABDELAESPRIELLA se robó las elecciones y que no es el presidente legítimo. Por eso pedí a la @PGN_COL que investigue estas afirmaciones. pic.twitter.com/U4MlohsGOM
— Sandra Forero Ramírez (@Sandra_ForeroR) September 2, 2026
