Este lunes 23 de febrero, la carrera política de la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, entrará en fase definitiva ante la demanda en su contra de Pérdida de Investidura ante el Consejo de Estado.
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La congresista Isabel Zuleta deberá responder en audiencia pública por su papel protagónico en el polémico evento del 21 de junio de 2025 en Medellín donde líderes de estructuras criminales compartieron tarima con el presidente Petro.
El proceso judicial que ha captado la atención nacional determinará si Isabel Zuleta incurrió en faltas graves que le costarían su permanencia en el Congreso.
Los hechos que motivaron la diligencia tienen que ver con un evento realizado en el Centro Administrativo, La Alpujarra, para justificar los diálogos de la denominada «Paz Urbana».
Según los expedientes, la senadora Isabel Zuleta habría sido la gestora principal del evento que permitió la asistencia de peligrosos condenados delincuentes en un evento institucional.
La controversia no sólo se centró en la presencia de estos individuos, sino también en los mecanismos administrativos y políticos que se utilizaron para facilitar el traslado de bandidos desde el centro de reclusión hacia el corazón administrativo de Medellín.
La «prueba reina» que sostiene la acusación es un oficio dirigido a la dirección del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, que lleva la firma de la propia Isabel Zuleta.
En el documento, la senadora integrante de Pacto Histórico solicitó formalmente que se autorizara la salida temporal de varios internos de la Cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí para participar en el evento público junto a Petro.
Los ciudadanos preocupados y críticos del proceso señalaron que la gestión de la senadora Isabel Zuleta constituye una extralimitación de sus funciones legislativas y un presunto tráfico de influencias.
Entre los beneficiados por la gestión de Zuleta se encontraban figuras históricas del crimen organizado en el Valle de Aburrá como alias «Douglas», «Tom», «Carlos Pesebre», «Vallejo» y «El Indio», entre otros.
La aparición de estos bandidos en una tarima oficial pagada con dineros públicos generó un profundo rechazo en diversos sectores sociales y políticos, quienes cuestionaron el hecho de legitimar las acciones de dichas personas condenadas con extensos prontuarios delictivos.
La justicia evalúa si este movimiento contó con el amparo legal necesario o si fue una maniobra irregular orquestada por la senadora Isabel Zuleta.
El Consejo de Estado investiga, en primera instancia, si Isabel Zuleta abusó de su poder para incidir en decisiones que, por ley, suelen recaer exclusivamente en jueces de la República.
QUÉ DICE ZULETA
La defensa de la congresista intenta demostrar que sus actuaciones estuvieron cobijadas por resoluciones presidenciales que buscaban facilitar los acercamientos de paz.
Sin embargo, la Fiscalía, además de los demandantes sostienen que ninguna resolución ejecutiva puede otorgar facultades a una congresista para gestionar traslados de reclusos de alta peligrosidad sin los debidos procesos judiciales.
Desde Medellín, se ha enfatizado que el material probatorio es contundente por lo que deja a la senadora en una posición jurídica vulnerable.
Se argumenta, además, que el oficio enviado al INPEC demuestra una gestión directa y personalizada que sobrepasa las labores de intermediación política permitidas para los miembros del Senado.
Adicionalmente, se ha solicitado revisar si las resoluciones del Gobierno Nacional realmente servían como un «paraguas» legal suficiente para este evento o si se trató de una interpretación forzada de la normativa vigente.
ISABEL ZULETA EN VILO
De acuerdo con el contexto jurídico nacional, la pérdida de investidura en Colombia, conocida también como «muerte política» es un proceso de doble instancia que implica no sólo la salida del cargo actual sino la inhabilidad de por vida para volver a aspirar al mismo cargo de elección popular.
Es decir, si a Isabel Zuleta la hallan culpable en primera instancia, le da tiempo para participar en las elecciones del domingo 8 de marzo, pero si la sala plena del consejo de estado falla en contra en segunda instancia, la senadora perderá su curul sin la posibilidad de volver a sentarse en el congreso de la República de Colombia.
En la audiencia virtual programada para la tarde de este lunes 23 de febrero a la defensa de Zuleta se le permitirá la exposición de pruebas adicionales.
Lo cierto es que el desenlace de este caso, denominado por algunos sectores también como «El Zuletazo», envía un mensaje determinante sobre los límites de la mediación política en los procesos de paz con grupos armados ilegales.
Si el fallo es desfavorable, repito, Pacto Histórico perdería a una de sus figuras más gritonas y polémicas en la cámara alta.
Por ahora, la expectativa se centra en los argumentos que presentará la defensa para desvirtuar la acusación de tráfico de influencias y evitar que el «tarimazo» se convierta en el acto final de la carrera legislativa de la saliente y particular senadora Isabel Zuleta.
