La senadora Isabel Zuleta fue obligada a borrar ante la Corte Suprema de Justicia, los trinos en los que difamaba al alcalde Federico Gutiérrez. El hecho es un recordatorio democrático que debe tener en cuenta que la libertad de expresión en la política no es un escudo para la injuria, ni un pase libre para destruir la honra del adversario.
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La política colombiana presenció una escena tan vergonzosa como necesaria. La senadora de Pacto Histórico, Isabel Zuleta, tuvo que comparecer ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para eliminar, uno a uno, los mensajes en los que falsamente vinculaba al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, con grupos criminales.
El acto, lejos de ser un simple trámite, representa una contundente victoria de la verdad judicial sobre la ligereza con la que hoy se lanzan acusaciones infundadas en las redes sociales.
El origen de esta disputa se remonta al polémico “tarimazo” de junio del año pasado, un evento en el que el presidente Petro compartió espacio con cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá beneficiados por la política de Paz Total.
Fue en ese contexto en el que Zuleta en lugar de elevar el debate, optó por publicar trinos sugiriendo que Gutiérrez tenía relaciones con la temida “Oficina”, además que lo acusó de un supuesto “Pacto de la Picota”.
Lo más preocupante de este episodio es la aparente reticencia para enmendar el daño causado. Zuleta ya se había retractado públicamente de estas afirmaciones a través de un video en noviembre del año pasado, tras una diligencia de conciliación.
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Se les van cayendo una a una sus mentiras.
La señora Zuleta debió retractarse por sus calumnias en mi contra.
Creo en la justicia. Por eso acudimos a ella y este es el resultado.
El mismo relato que utilizaron para sacarme del camino en la campaña presidencial y quedar en el… https://t.co/DfpE2tBO3I— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) November 14, 2025
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Sin embargo, su decisión de matizar dicha retractación, respondiéndole a Gutiérrez que no se retractaba por voluntad propia porque supuestamente poseía pruebas, fue lo que la obligó a rendir cuentas nuevamente ante la justicia este martes.
Queda claro que, para algunos líderes políticos, el peso de la ley y el respeto por el buen nombre ajeno son apenas formalismos que intentan evadir a conveniencia.
Este comportamiento, lamentablemente, no es un exabrupto aislado en el historial de la senadora. Apenas en junio de 2025, otra orden judicial ya la había obligado a retractarse y borrar publicaciones en las que exponía datos y chats privados de un asesor legislativo, lo cual derivó en que el ciudadano recibiera graves hostigamientos y amenazas.
Utilizar las plataformas digitales como armas para estigmatizar, acosar y poner en riesgo a contradictores es una práctica inaceptable que degrada profundamente la dignidad del ejercicio parlamentario.
Más allá del caso particular de Zuleta, el país se enfrenta a un síntoma de una enfermedad mayor que azota nuestro debate público.
En las últimas semanas, figuras prominentes de todos los espectros políticos, desde el presidente Petro hasta la senadora María Fernanda Cabal, han tenido que rectificar declaraciones falsas por orden de los tribunales.
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Acato el fallo de tutela que me obliga a presentar excusas a víctimas de la UP. Lo hago por respeto a las instituciones y al Estado de Derecho, no porque comparta sus fundamentos.
En Colombia no existe verdad oficial que obligue a nadie a callar su opinión.
Seguiré… pic.twitter.com/0Y7HzTlifD
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) May 23, 2026
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Estos fallos recientes evidencian una sana y creciente tensión democrática en la que la justicia colombiana ha comenzado a trazar límites estrictos frente a declaraciones que estigmatizan o lesionan la honra.
La obligada comparecencia de Isabel Zuleta ante la Corte Suprema debe servir como un punto de inflexión ineludible. Los colombianos exigen debates basados en ideas y evidencia, no en el asesinato de la reputación a golpe de publicaciones en internet.
Que un magistrado deba supervisar a una congresista mientras borra mentiras de su teléfono celular es una triste postal de la bajeza de nuestro nivel político actual, pero a la vez arroja una señal de esperanza. Los tribunales están dispuestos a reafirmar que el fuero legislativo no otorga una licencia para la difamación y el engaño.
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‼️Ya salí de la audiencia en la Corte Suprema por mí denuncia en contra de la señora Zuleta a quien le abrieron investigación formal y citaron a indagatoria por sus calumnias.
Una vez más la justicia nos da la razón.
Al que no quiere caldo, le dan dos tazas.
La Senadora… pic.twitter.com/64HqPho5VI— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 26, 2026
